El examen de la euroorden española contra Josu Ternera se pospone por su estado de salud

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París aplazó este miércoles al próximo 25 de marzo el examen de una nueva euroorden española contra el antiguo dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, debido a su estado de salud.

El abogado que lo representó justificó el aplazamiento, al que la Fiscalía no se opuso, por el empeoramiento del estado de salud de Urrutikoetxea, que tiene 75 años y vive en libertad bajo control judicial.

Sus problemas de hipertensión ya habían llevado a posponer el juicio pendiente en Francia, que debía celebrarse en octubre, hasta abril.

NUEVA EUROORDEN ESPAÑOLA

La euroorden pendiente para el 25 de marzo es resultado del auto dictado el 3 de diciembre por el juez de la Audiencia Nacional de Madrid, Santiago Pedraz, en el que se considera a Josu Ternera “uno de los máximos dirigentes de ETA”, en el marco de la causa sobre la financiación de la banda terrorista a través de las 'herriko tabernas'.

El juez español le notificó la acusación mediante videoconferencia en enero, y la defensa solicitó este miércoles la anulación del procedimiento por considerarlo irregular.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

El abogado de Urrutikoetxea afirmó que la Audiencia Nacional había convocado la videoconferencia como “audición”, supuestamente para la obtención de pruebas, pero en la práctica se utilizó únicamente para notificarle la imputación.

Se quejó de que el juez cortó la videoconferencia al cabo de un minuto, sin permitir que el abogado hiciera observaciones, lo que según la defensa violó los derechos de la defensa y constituye una irregularidad procesal.

El fiscal de la sala de instrucción rechazó esa posibilidad, señalando que la videoconferencia no ha tenido consecuencias y que no se puede impedir a la justicia española notificar una acusación.

La Justicia francesa ya dio su visto bueno a dos euroórdenes anteriores contra Ternera, pero su ejecución depende del juicio francés programado para abril.

Esas solicitudes de entrega a España están relacionadas con el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas once personas y la financiación de ETA a través de las 'herriko tabernas'. El procedimiento que se tramitará en marzo es una extensión de esta última causa.