Asesor fiscal del bar Franky: “Todo lo que dice el informe de la UCO sobre mí es fiel a los hechos”

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra recibió este martes a un compareciente que no tuvo pelos en la lengua. El asesor fiscal Miguel Moreno Purroy reconoció que entre 2016 y 2018 emitió facturas falsas del bar Franky de Pamplona a nombre de Acciona por indicación del exasesor ministerial Koldo García, con el objetivo de “ayudarle” ante una situación económica complicada por la que estaba atravesando. También admitió que los documentos “no respondían a una prestación real”, que fue “una decisión equivocada” y que se arrepiente, aunque defendió que no obtuvo beneficio alguno y que no forma parte de “ningún sistema de corrupción”.

Moreno, que no está investigado judicialmente, compareció después de que la semana pasada lo hicieran el exgestor del restaurante, Francisco Javier Lorente, y el exdelegado de Acciona en Navarra, Fernando Merino. En su intervención respaldó el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), asegurando que, en lo que a él respecta, está “muy bien documentado” y que “todo lo que dice la UCO sobre estos hechos es fiel, indubitadamente”.

El compareciente explicó que emitió “determinadas facturas que no respondían a una prestación real” entre mediados de 2016 y principios de 2018. “No la justifico y me arrepiento de haber actuado así. No volvería a hacerlo. Actué en un ámbito que entendí estrictamente personal”, señaló, subrayando que su intervención “se limitó a la emisión de esas facturas y no tuvo continuidad posterior”.

El informe policial detalla que se emitían cargos individuales por conceptos de comidas o eventos inexistentes que oscilaban habitualmente entre los 2.400 y los 2.700 euros. No obstante, el antiguo gerente y el asesor fiscal han precisado en sede parlamentaria que la factura individual más alta registrada fue de algo más de 1.500 euros. En todo caso, el montante total de las facturas falsas no superaría los 10.000 euros.

Un “circuito pactado”

A preguntas de los parlamentarios, Moreno detalló que fue Koldo García quien le pidió emitir las facturas. Según su relato, García le trasladó que atravesaba un “mal momento económico” tras haber sufrido un accidente cuando trabajaba como escolta, con una merma de ingresos, y le aseguró que “no tenía dificultad” para que Acciona abonara facturas vinculadas al restaurante.

El mecanismo, que el propio compareciente definió como un “circuito pactado” entre García, el entonces gestor del bar y él mismo, consistía en emitir una factura falsa a nombre de Acciona por supuestas comidas o menús mensuales que no se habían servido, ingresar el importe en la cuenta del restaurante y, posteriormente, entregar el dinero en efectivo a García. “Acciona pagaba una factura del restaurante Franky por los menús no ciertos del mes”, dijo, y aunque reconoció que García acudía en ocasiones a comer al local, fue tajante al señalar que “esas facturas en concreto son falsas”.

En uno de los casos, una factura de 2.700 euros fue cargada a la UTE Recajo, participada por Acciona. Ese importe, según relató, fue ingresado en una de sus propias cuentas y posteriormente entregado en efectivo a Patricia Uriz, que era pareja de García en aquel momento. También afirmó que en un primer momento no pensó que se tratara de una práctica sostenida en el tiempo. “Él nos plantea una y la hacemos. Luego nos plantea otra y así hasta cinco”, expuso, enmarcando su decisión en una relación de amistad: “Koldo era una persona que siempre estaba dispuesto a echarte una mano; en la época de escolta hizo varios favores”.

La tarjeta de Acciona

Moreno explicó que para emitir las facturas utilizó los datos de una tarjeta de visita de Acciona que le facilitó Koldo García. En esa tarjeta figuraban el nombre y los datos fiscales de Fernando Merino, entonces responsable del departamento de Construcción de la compañía en Navarra. “No tengo ninguna duda de que el señor Merino era quien entregó eso al señor Koldo”, declaró. No obstante, precisó que nunca mantuvo una conversación personal con Merino más allá del envío de las facturas por correo electrónico.

En este punto, señaló que no es “quien para defender” a Merino, pero apuntó que, si actuó de forma similar a él, a su juicio no obedecería a cuestiones relacionadas con licitaciones u obras públicas, sino a una relación personal y a la voluntad de auxiliar a alguien que lo solicitaba. En cualquier caso, insisitió en que él no participó “en adjudicación pública ni decisión administrativa alguna” ni tuvo “conocimiento ni indicio de estructura organizada vinculada a contratación pública”.

Precisamente, al conocer el informe de la UCO, fue él mismo quien solicitó comparecer voluntariamente ante el juez. Consideró su “deber dar la cara desde el primer momento” y que lo que sostiene ante la Cámara es lo mismo que manifestó públicamente con anterioridad. Expicó que el instructor de la causa le comunicó que la investigación no se dirigía contra él y que no tenía la condición de investigado, sin perjuicio de poder ser llamado como testigo.

Asimismo, señaló que desde principios de 2018 no ha mantenido contacto alguno vinculado a estos hechos con las personas investigadas, más allá de dos encuentros “casuales y muy breves” sin contenido relacionado con el asunto. En relación con las comunicaciones, indicó que no conserva en su teléfono móvil mensajes de WhatsApp anteriores a 2018 con García y que su dispositivo está a disposición de la UCO.