El Gobierno de Navarra rechaza la iniciativa de UPN que vinculaba nacionalidad con criminalidad
La vicepresidenta Alfaro cita legislación europea y foral para justificar la decisión contra la estigmatización
El Gobierno de Navarra ha manifestado hoy su disconformidad con la proposición de ley presentada por UPN para modificar de la Ley Foral 13/2023, de 5 de abril, de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, con el objetivo de establecer la obligación del Ejecutivo foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito.
Relacionadas
El Gobierno de Navarra considera que la medida propuesta no supone una mejora en cuanto a la prevención de delitos y es contraria al objeto de la propia ley que se plantea modificar, ya que “puede contribuir directamente a la generación de racismo y xenofobia”, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. En concreto, el Ejecutivo foral estima que “la difusión innecesaria del origen nacional de personas detenidas cuando no resulta relevante para la comprensión de los hechos puede contribuir a un tratamiento discriminatorio indirecto y afectar al derecho al honor, al vincular de forma reiterada determinadas nacionalidades con la criminalidad”.
El Gobierno de Navarra argumenta que “la indicación sistemática del país de origen de personas detenidas por la presunta comisión de un delito no es neutra y, además de vulnerar principios básicos de igualdad, proporcionalidad y responsabilidad social, puede actuar como catalizador de racismo y xenofobia”.
La vicepresidenta Alfaro ha indicado que el posicionamiento del Gobierno de Navarra se basa en la numerosa legislación europea, estatal y foral contraria a la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. Así, ha recordado la recomendación de Política General número 11 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que define el perfilado étnico como el uso, sin justificación objetiva y razonable, de criterios como la raza, el color, la lengua, la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico en actividades de control o investigación, considerando dichas prácticas como discriminatorias y basadas frecuentemente en estereotipos, que conducen a la criminalización de minorías.
El Gobierno de Navarra cita además la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que reconoce el derecho a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de la nacionalidad y prohíbe la discriminación directa e indirecta por origen racial o étnico, imponiendo a los poderes públicos un deber de prevención.
En el ámbito foral, el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia de Navarra aprobado en 2002 establece, respecto al ámbito de justicia y seguridad, la necesidad de prevenir el racismo institucional, velar por la no discriminación por motivo de raza u origen étnico/migrante en la legislación foral y en la actuación administrativa, dotar a la Administración de mecanismos de observación y control y garantizar prácticas no discriminatorias en la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Percepción distorsionada y estigmatización colectiva
La proposición de ley foral de UPN rechazada por el Gobierno de Navarra plantea añadir un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 19 de la Ley Foral 13/2023, con el fin de establecer la obligación de la Administración Foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito. Según señala la proposición, la finalidad es contribuir, junto al análisis de datos, a la caracterización de perfiles de delincuentes, a la prevención de conductas delictivas y a la reducción de la criminalidad.
Lejos de este punto de vista, la Dirección de Políticas Migratorias ha emitido un informe en el que considera que aportar sistemáticamente estos datos contribuye a reforzar estereotipos negativos, promueve la estigmatización colectiva por una conducta individual, genera una percepción distorsionada y puede tener un impacto social acumulativo, ya que aunque una sola mención pueda parecer irrelevante, su reiteración en el discurso puede contribuir a la polarización social, discriminación cotidiana, discurso de odio y violencia simbólica o incluso física contra determinados colectivos.
“Al oír con frecuencia noticias que destacan el origen extranjero, algunas personas pueden sobreestimar la proporción real de delitos cometidos por población migrante, aunque los datos no lo respalden”, indica el informe.
Más en Política
-
El Senado tramitará una ley del PP para que la Fiscalía actúe de oficio en los 'ongi etorris'
-
Cuatro personas citadas a declarar el 11 de marzo por las protestas ante Starbucks en Pamplona
-
Guardiola no logra la investidura en Extremadura tras el "no" de Vox
-
Navarra se alinea con Sánchez y rechaza la escalada militar en Oriente Medio