El Parlamento de Navarra da a la OANA la competencia sobre el registro de lobbies

La ley, impulsada por el Gobierno de Navarra, ha contado con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN y Vox han votado en contra, acusando al Gobierno de Navarra de ser "opaco".

REGULACIÓN

En concreto, la ley da a la OANA la dirección del registro de lobbies o grupos de interés y se le asigna la tarea de colaborar en el desarrollo reglamentario de estos grupos, de su código de conducta y de la gestión de su registro, que serán de aplicación al Gobierno de Navarra y a la Presidencia de la Comunidad foral. Esas previsiones no son extrapolables al Parlamento de Navarra, que, en virtud de su autonomía organizativa, deberá regular esas cuestiones en su propio reglamento.

En cuanto al Consejo de Transparencia, se esclarece el alcance de las diversas obligaciones de publicidad activa que afectan a las resoluciones de compatibilidad, a las agendas de los altos cargos y a las listas de espera para el acceso a los servicios públicos.

En lo concerniente a las agendas de los altos cargos y personal directivo, su publicación deberá incluir información sobre el objeto de las reuniones o sesiones que se celebren, con expresión de las personas asistentes y de las organizaciones o entidades a las que representen, así como de los asuntos que se tratan.

DENUNCIAS

Además, cualquier persona física o jurídica podrá presentar denuncia ante el Consejo de Transparencia, teniendo derecho a recibir en el plazo de dos meses una respuesta motivada, que se publicará en su página web, previa disociación de los datos personales. Los actos dictados por el Consejo de Transparencia serán ejecutivos y, por tanto, obligarán a las entidades y administraciones a las que vayan dirigidos.

Entre las nuevas funciones asignadas al Consejo de Transparencia está la de velar por el deber de la Administración de la Comunidad foral y de las entidades locales de facilitar información a los parlamentarios y miembros electos para el ejercicio de sus funciones.

También se introducen cambios en la composición del Consejo de Transparencia, donde, junto a las personas designadas por el Departamento competente en la materia, el Consejo de Navarra, la Cámara de Comptos, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Defensor del Pueblo (uno por organismo), tendrán cabida tres personas propuestas por la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y solo una a instancias del Parlamento (tenía derecho a nombrar cuatro parlamentario). A su vez, se procurará un equilibrio de género, de modo que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean inferiores al 40%.

NOVEDAD

La condición de miembro del Consejo de Transparencia continuará sin exigir dedicación exclusiva, será compatible con el puesto de trabajo en la Administración a la que se pertenezca y será retribuida con las dietas que, por su participación como ponentes en los dictámenes, se establezcan reglamentariamente. En el caso de la presidencia y de la secretaría, se contempla la posibilidad de fijar una dieta anual.

El nuevo Consejo de Transparencia deberá constituirse en el plazo de un año a partir de la aprobación de esta Ley. Su actual presidente, Juan Luis Beltrán, con el mandato prorrogado, se mantendrá en funciones hasta que se concrete el relevo.

Por otro lado, en el marco de esta reforma, se ha introducido también una novedad en la ley foral de la Administración Local de Navarra, en la que se ha incluido que "el Tribunal Administrativo de Navarra, observando las normas de protección de datos, publicará las resoluciones que resuelvan los recursos de alzada que tramite". Este cambio ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo de Vox, que ha votado en contra.

REACCIONES DE LOS GRUPOS

La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha criticado que se intenta "vender" esta modificación legal como "un aumento o un ensanchamiento de la transparencia, cuando se está haciendo lo contrario" y ha criticado que "el Gobierno de Navarra es opaco, turbio y oscuro". "Más de siete años después de su aprobación, el Gobierno de Navarra sigue sin cumplir las exigencias de la ley de transparencia en materia de publicidad activa. Sigue sin publicar las listas de espera para acceder a los servicios de la cartera de servicios sociales. Sigue sin publicar las listas de espera para acceder a una VPO. Sigue sin publicar las listas de espera para acceder a un centro educativo. Sigue sin publicar el listado de beneficiarios de los fondos europeos a través de ayudas y contratos", ha censurado.

El parlamentario del PSN Kevin Lucero ha indicado, refiriéndose a los lobbies, que "la influencia existe en forma de sectores, de entidades, empresas, sindicatos, asociaciones, colegios profesionales y está bien que exista", pero "lo que no es democrático es que opere sin reglas, sin transparencia y sin trazabilidad". "Poner esta materia en el ámbito de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción es situarla donde debe estar, en la lógica de la integridad pública. Es decir, la interlocución es legítima, pero tiene que ser visible, registrable y sometida a reglas, porque la decisión pública no puede parecer una conversación privada", ha señalado.

La parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez ha afirmado que la ley de Transparencia "sigue siendo un pilar básico" pero ha comentado que, desde su aprobación en 2018, "la práctica ha puesto de manifiesto algunas deficiencias, errores o algunas propuestas de modificación que se han llevado a cabo". "Se ha observado la necesidad de introducir algunas modificaciones en las leyes. Algunos ejemplos de ello los estamos viendo, por ejemplo, en la comisión de investigación -sobre adjudicaciones públicas-, donde se ha planteado la necesidad de cambiar algunas cosas para lograr la gobernanza pública ejemplar y poder controlar la administración pública", ha asegurado.

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha indicado que "esta modificación de la ley de transparencia no pretende resolver todos los retos que existen en materia de transparencia, pero sí supone un paso importante para mejorar el marco normativo, para reforzar las garantías institucionales y facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la información pública".

La parlamentaria del PPN Maribel García Malo ha afirmado que "el Gobierno predica transparencia y mientras tanto practica la opacidad" y ha señalado que esta reforma legal "es su coartada y desde luego nosotros no vamos a ser parte de ella". "El proyecto de ley podría tener sentido, porque tras ocho años de vigencia, parece razonable revisar la ley de transparencia, pero no podemos apoyar un texto propuesto por un Gobierno que proclama una cosa y practica la contraria", ha señalado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha indicado que "tratamos a veces la transparencia como si fuera una vocación, un gesto altruista que quien ocupa el poder en un momento dado decidiera tomar por el bien de la ciudadanía", pero ha afirmado que "las instituciones, si son democráticas, son de la gente, y la información que atesoran también lo es".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha expresado que "esto no es una reforma para dar más luz, es el colmo del cinismo de un Gobierno que viene a darnos lecciones de buena gobernanza cuando es con diferencia el menos transparente de la historia de Navarra".