La Audiencia Nacional ratifica la absolución de Villarejo por un encargo para investigar a un empresario

La Audiencia Nacional ha confirmado la absolución del comisario jubilado José Manuel Villarejo por el encargo que le hizo un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía, en el marco del 'Proyecto Grass'.

En una sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de Apelación desestima el recurso de la Fiscalía contra la decisión de la Sala de lo Penal de absolver a Villarejo, su socio Rafael Redondo y al empresario Antonio Chávarri de presuntos delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

El tribunal reitera su doctrina en relación con el cohecho, señalando que se comete cuando la función pública se transforma en "mercancía de venta", pero "no lo hay cuando lo acreditado es, únicamente, una actividad privada, aun económicamente muy lucrativa, si no se prueba con el debido rigor su conexión típica con el ejercicio del cargo".

CHÁVARRI CONTRATA A VILLAREJO PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPROMETIDA

El empresario Chávarri contrató a Villarejo "con el fin de que realizara un seguimiento para obtener información comprometida" de su exsuegro, prinicipal acreedor de su entidad Acisclo Gestión de Patrimonio en prodedimiento concursal, así como de Luis Pérez, administrador concursal en dicho proceso, según la sentencia.

Su exsuegro y Pérez mantenían "una estrecha relación personal y profesional" por lo que Chávarri tenía "sospechas de que en el procedimiento concursal se estuvieran produciendo irregularidades" y de que ambos "pudieran actuar de común acuerdo para perjudicar sus intereses" y "proponer declararlo en concurso culpable", señala.

Asimismo, el empresario y su exsuegro mantenían "una enemistad" derivada de las "consencuencias patrimoniales" causadas por el divorcio de este con su hija, explica la resolución.

LA ACTUACIÓN DE VILLAREJO FUE UNA ACTIVIDAD PRIVADA

El Tribunal descartó entonces el delito de cohecho al considerar que la actuación de Villarejo fue una actividad privada ejecutada al margen de su función policial.

La Fiscalía Anticorrupción reclamó la anulación de la sentencia al entender que había "una motivación insuficiente, irrazonable y constitucionalmente incompatible con el derecho a obtener una resolución fundada que permita el control jurisdiccional de la Sala de Apelación".

Sin embargo, los magistrados de Apelación consideraron que la sentencia absolutoria sí contenía una motivación suficiente y completa conforme con los parámetros constitucionales, "pues expone detalladamente las pruebas practicadas -testificales, documentales y especialmente los audios y las declaraciones de los investigadores policiales- y, a partir de ellas, fundamenta de manera razonada la convicción absolutoria".

La Sala ha determinado la absolución porque "identifica de manera clara varios elementos probatorios que descartan este delito" como "la ausencia de conexión funcional entre los pagos y la labor pública del acusado" o la "falta de prueba sobre el uso de medios policiales, bases de datos oficiales o intervención de otros funcionarios", explica la sentencia.

El tribunal indica que "Villarejo se presentó ante el cliente como profesional privado e incluso como antiguo funcionario, sin constar que el contratante conociera su condición real de comisario en activo".

"Se destaca el carácter estrictamente privado del encargo y de los servicios prestados, que se correspondían con técnicas de investigación propias del ámbito empresarial o de detectives privados y no con investigaciones policiales oficiales", señala la sentencia.

Para la Sala no ha quedado acreditado que la actuación de Villarejo en el 'proyecto Grass' guardara relación con el ejercicio de su cargo de Comisario en activo, ni que los pagos efectuados por Antonio Chávarri tratran de corromper la función pública.