El periodista pamplonés Josetxo Martínez Itoiz, jefe de Prensa del Parlamento de Navarra, presenta presentó ayer en Lanzarote, en el marco del Congreso H Internacional de comunicación, medios audiovisuales y análisis en España y Latinoamérica, el trabajo El secreto profesional, el deber de reserva y la batalla del relato. Una tensión no resuelta a la luz de la STS 1000/2025.

En el marco de la sentencia que condena al Fiscal General del Estado por revelación de datos reservados, el autor analiza la doble colisión de intereses entre el derecho a informar y el deber de callar, es decir, entre la necesidad de explicar lo que ocurre (derecho a la verdad) y las obligaciones jurídicas de no hacerlo (deber de confidencialidad).

Ese conflicto de intereses, trasladado a la esfera de la comunicación institucional, aboca a la búsqueda de un equilibrio entre la construcción y defensa del relato oficial, la protección de derechos fundamentales y el deber jurídico de reserva. Todo ello, según se subraya, en un contexto caracterizado por la aceleración informativa, la circulación de narrativas en redes y la presión reputacional. A decir del autor, la cuestión ya no consiste únicamente en determinar qué información puede hacerse pública, sino en delimitar en qué condiciones jurídicas y deontológicas resulta legítima la construcción y defensa del discurso institucional. A ese respecto, se advierte que es en los escenarios de crisis comunicativa donde la tensión entre la construcción de narrativas públicas y la protección de datos reservados alcanza su punto más crítico. Esa complejidad se ejemplifica en una sola frase, “nos van a ganar el relato”, que forma parte de los mensajes de WhatsApp que el ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, envió a la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, el 13 de marzo de 2024.

En última instancia, el debate se articula en torno a dos tesis más complementarias que contrapuestas. De un lado, la demanda de una regulación específica que, con carácter extraordinario, habilite la posibilidad de limitar el alcance del secreto profesional y del deber de confidencialidad. De otro, la defensa de un juicio de proporcionalidad que pondere, caso por caso, uno y otro límite. Según se aduce, la dialéctica entre ambas posiciones encuentra una manifestación especialmente ilustrativa en la declaración prestada por el periodista José Precedo como testigo en la causa seguida ante el TS contra García Ortiz. Su testimonio evidencia el conflicto deontológico entre el deber de preservar la confidencialidad de las fuentes y las exigencias derivadas de un supuesto de elevado interés público: “En 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos los periodistas muchas veces. Yo sí sé quién es la fuente de esta historia, pero no la voy a revelar”.