El pasado 14 de abril, el Ministerio de Cultura celebró el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República con un gesto simbólico: la firma de la resolución que pone fin al procedimiento administrativo y que permite solicitar formalmente ante la Justicia la extinción definitiva de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Tras ello, a falta de lo que dictamine un juez, esta organización podría estar dando sus últimas bocanadas. Sería para ella el final de un proceso iniciado en 2022, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que en su disposición adicional quinta establecía como causa para la extinción de fundaciones “la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura”. Pero la FNFF no es más que la punta de un iceberg que conforman otros colectivos menos mediáticos, pero igualmente enaltecedores de aquella tiranía. Hay al menos otra media docena de fundaciones que, en virtud de la ley, deberían seguir el mismo camino que la que lleva el nombre de Franco. Algunas de ellas están ya en el punto de mira en el Ejecutivo. La cuestión es ver si actuará a tiempo de rematar la faena antes del final de la legislatura, lo que parece poco probable, por lo que un giro a la derecha con un hipotético Gobierno de coalición de PP y Vox podría revertir este proceso que tanto tiempo ha costado poner en marcha.
Y es que han tenido que pasar 50 años desde la muerte de Franco para llegar a este punto. El tiento con el que se intentó poner las bases de un sistema democrático, más o menos entendible en aquellos primeros años de la llamada Transición por no querer agitar el avispero de nostálgicos del régimen anterior que se hallaban en los centros de mando de los poderes militar, judicial e incluso político, se perpetuó en el tiempo. Y ese afán por no molestar se aplicó también a aquellas organizaciones que afloraron para glorificar el legado del régimen opresor y a sus principales líderes.
Dentro de ese asociacionismo filofranquista, el buque insignia es la Fundación Nacional Francisco Franco. Constituida en octubre de 1976, menos de un año después de la muerte del dictador, entre sus fines destacan los de “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra” del que fuera “Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos”. Su hija, Carmen Franco, fue la presidente de la entidad desde su creación hasta su fallecimiento en 2017. Le sustituyó en 2018 su nieto, Luis Alfonso de Borbón, en calidad de presidente de honor, aunque la máxima representación ejecutiva recae desde ese mismo año en Juan Chicharro, un exgeneral de Infantería de Marina que fue ayudante de Campo del rey Juan Carlos I entre 1994 y 1998. Curiosamente, en 2007, cuando sale adelante la primera Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de Zapatero, se le encarga hacer un censo de los símbolos que contravenían la norma en la Armada.
El propio Chicharro admitió hace unos meses, como desveló el diario Público, que había declarado únicamente un 10% de los emblemas franquistas existentes, menos de 40. Años más tarde, tuvo que abandonar su cargo en la Orden de San Hermenegildo por sugerir en un discurso la conveniencia de un golpe de Estado para frenar la marea independentista en Catalunya. En 2018 se hizo con las riendas de la FNFF, que en su medio de siglo de existencia ha recibido subvenciones estatales, especialmente generosas durante la presidencia de Aznar. Su patrimonio más destacable es su archivo, que contiene casi 30.000 documentos procedentes del despacho y dependencias privadas de Franco de indudable interés histórico.
El proceso contra la FNFF lo inició el Gobierno español en junio de 2024. Año y medio más tarde, en noviembre de 2025, anunció la apertura del procedimiento de extinción de otras cuatro organizaciones franquistas. Una de ellas es la Fundación José Antonio Primo de Rivera, dedicada al fundador de Falange Española, fusilado por las fuerzas republicanas el 20 de noviembre de 1936. Constituida 60 años después, en 1996, sus promotores consideran en su manifiesto fundacional “plenamente válida la figura de José Antonio Primo de Rivera, no como referente pretérito sino de cara al siglo XXI”.
También están iniciados los trámites para la desaparición de la Fundación Blas Piñar, que lleva el nombre del que fuera fundador de Fuerza Nueva, la principal fuerza de extrema derecha en la Transición. Su objetivo es dar visibilidad al “patrimonio intelectual y moral de Blas Piñar y del movimiento político que abanderó, en la esperanza de que sea garantía de un nuevo renacer de España Una, Grande y Libre”.
En esa misma situación se encuentra la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer, que tiene como fines la “custodia, guarda, mantenimiento, protección y divulgación” de los bienes, entre ellos una biblioteca, de quien fuera cuñado y mano derecha de Franco. Reconocido filonazi, Serrano Suñer fue ministro de Gobernación y Exteriores en los primeros años de la dictadura y promovió el envío de la División Azul para combatir junto al ejército alemán en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial.
Por último, también está amenazada de extinción la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. Es la más antigua de todas, pues fue constituida en 1937, en plena Guerra Civil, e inscrita en 1945, con el único fin de “amparar y proteger a la infancia desvalida”, según sus estatutos. Pero lo cierto es que fue el soporte que el general Queipo de Llano, quien lideró la sublevación militar del 36 en Sevilla y la brutal represión posterior, utilizó para enriquecerse mediante la apropiación de tierras. En la actualidad, parte de sus ingresos los destina a donaciones a organizaciones benéficas, fundamentalmente a las vinculadas a la Iglesia católica.
El 'carnicero de Badajoz'
Pero aún hay registradas otras fundaciones de exaltación franquista sobre las que aún no se ha actuado desde el Gobierno. Es el caso de la Fundación Ramiro Ledesma, dedicada al “estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica y política” del fundador de las JONS (Juntas de Ofensiva-Nacional Sindicalista), organización que se fusionó en 1934 con la Falange Española. O el de la Fundación María Eugenia Yagüe Martínez del Campo, creada en 2006 por la hija de Juan Yagüe, uno de los militares que participó en la conspiración golpista que dio origen a la Guerra Civil. Su fin es el estudio del archivo del que es conocido como el carnicero de Badajoz, por ser el responsable de la masacre que dejó cerca de 4.000 muertos tras la toma de la capital pacense en 1936.
Y además de las fundaciones, hay una nutrida lista de asociaciones ensalzadoras de la dictadura que podrían ser objeto de una intervención gubernamental tras la aprobación, el pasado verano, de la reforma de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación que incluye como causa de disolución la apología del franquismo. Es el caso de la Asociación por la Reconciliación y por la Verdad Histórica, la Asociación Nacional Cultural e Histórica de Víctimas del Frente Popular, la Hermandad Nacional de la División Azul o la Hermandad de Defensores de Oviedo, la mayoría de ellas integradas en la Plataforma 2025, creada el año pasado para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Al Gobierno español le queda aún mucho trabajo para eliminar el olor a rancio de sus registros de asociaciones.
