La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha incoado expediente sancionador al exdirector general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra Pedro López y al jefe de Servicio de Conservación por represalias contra el secretario de la mesa de contratación de las obras de duplicación del túnel de Belate, que denunció presuntas irregularidades en el proceso, según ha informado este miércoles en rueda de prensa el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin.

En el caso del funcionario de Belate, que fue trasladado de su puesto de trabajo en la céntrica avenida de San Ignacio en Pamplona a una nave en el polígono industrial de Landaben, la OANA ha fundamentado la incoación del expediente sancionador en el artículo 63.b de la ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que califica estos hechos como falta muy grave y prevé una sanción de entre 30.000 y 300.000 euros. La OANA da este paso después de que el propio Gobierno de Navarra no haya tomado la iniciativa de poner en marcha el procedimiento sancionador.

A este respecto, Sánchez de Muniáin ha criticado la "dejación de funciones del Gobierno de Chivite, en especial del Departamento de Cohesión Territorial -dirigido por el consejero Oscar Chivite-, por no incoar como debían el correspondiente procedimiento sancionador una vez comunicada la resolución de la OANA de junio de 2025 por la que se calificaba de represalia e infracción muy grave las medidas adoptadas contra el letrado denunciante de las ilegalidades en la mesa de Belate".

"Ha tenido que ser la OANA quien, en uso de sus atribuciones, iniciase el procedimiento que debió incoar en primer lugar, el consejero Chivite, como responsable directo de los responsables de la infracción", ha agregado.

El parlamentario de UPN se ha referido al "descaro increíble" del consejero al afirmar, como recoge la resolución de la OANA, que no conocía que el funcionario trasladado a un almacén era el denunciante de las presuntas irregularidades en la adjudicación de Belate, "cuando públicamente descalificó su actuación y lo llegó a tildar de chismoso".

Sánchez de Muniáin ha añadido que "más al descubierto queda cuando el traslado se produjo tras diversas discusiones entre su director general y el jefe de servicio a sabiendas de quién iba a ser represaliado". "Discusiones y contradicciones entre ambos respecto al motivo del traslado del secretario de la mesa de Belate que se han puesto de manifiesto tanto en la investigación llevada a cabo en el Senado como en el desarrollo de la propia comisión de investigación del Parlamento de Navarra y que se recogen en la resolución de la OANA", ha afirmado.

Así, el parlamentario regionalista ha señalado que "tanto los representantes del Gobierno como sus socios han acreditado que son partidarios de castigar a quien denuncia actos de corrupción y no sancionar a quien represalia a los denunciantes".

Remírez: "A UPN no le interesan ni el señor Serena ni el buen fin del proceso"

Preguntado al respecto el sesión de Gobierno, el vicepresidente primero, Javier Remírez ha acusado a UPN de utilizar una estrategia basada en la “extensión de la sospecha” y ha defendido que en el asunto denunciado “no hay ni una sombra de corrupción”. El vicepresidente primero ha asegurado que la formación regionalista no está interesada “ni por el señor Serena ni por el buen fin” del proceso, sino en una dinámica política que, a su juicio, responde a su “ausencia de proyecto”.

Remírez ha sostenido que, cuando se activan los mecanismos propios del Estado de Derecho, “sale la verdad a la luz” y la realidad acaba contradiciendo los planteamientos de la derecha. En este sentido, ha afirmado que se está siguiendo una “estrategia premeditada” que persiste incluso cuando no aparecen elementos que sustenten las acusaciones.

El vicepresidente ha mostrado además su preocupación por lo que considera una creciente normalización de comportamientos que, en su opinión, perjudican el funcionamiento de las instituciones. “Estamos normalizando algo que no es normal, estamos haciendo mal al Estado de Derecho”, ha advertido.

En relación con la tramitación de la denuncia, Remírez ha criticado que se estén adelantando conclusiones antes de que el proceso siga su curso. A su juicio, existe una tendencia por parte de algunos partidos políticos a dar por probadas determinadas acusaciones desde el primer momento. “Ante cualquier querella ya tienen la sentencia firmada”, ha lamentado, al tiempo que ha reclamado prudencia y respeto a los tiempos procesales.

Por ello, ha pedido que los procedimientos sean garantistas y que se respete la presunción de inocencia. “Que aquí no se acuse sin pruebas. Que no se ponga la sentencia desde el minuto uno”, ha reclamado, al considerar que ese tipo de actuaciones provocan “un daño tremendo” a las personas afectadas.