Ley de Víctimas del Terrorismo en Navarra: claves de la nueva norma que afectará a 400 personas

La ampliación de los derechos asistenciales, la extensión de las indemnizaciones económicas y el impulso de un relato educativo enfocado en las nuevas generaciones marcarán el impacto directo de la nueva regulación foral sobre las víctimas del terrorismo y sus familias. Esta normativa unificará los recursos en materia de vivienda, enseñanza, empleo, fiscalidad y cultura para mitigar las situaciones de vulnerabilidad derivadas de las acciones terroristas, garantizando de forma paralela cobertura sanitaria y psicológica integral. El nuevo marco de actuación ampliará de forma sustancial su cobertura geográfica a las personas nacidas en la Comunidad Foral que sufran atentados en cualquier lugar del mundo, actualizando unos criterios de protección ciudadana que sustituirán de manera definitiva a las directrices fijadas en el año 2010 para adaptarse a los escenarios globales contemporáneos.

El Ejecutivo foral ha aprobado en su sesión de este miércoles el proyecto normativo, si bien la vicepresidenta Ana Ollo ha remarcado en rueda de prensa que la ley constituye "un compromiso ético con toda la sociedad y especialmente con las víctimas del terrorismo". Desde la perspectiva institucional, la consejera de Memoria y Convivencia ha argumentado que el texto "exprime al máximo las competencias" de la comunidad para extender apoyos, basándose en una memoria integral "sin equiparaciones ni diluciones" y con el firme objetivo de avanzar hacia una convivencia donde "toda violencia quede deslegitimada", mencionando con especial énfasis a ETA.

Ollo ha incidido en que no es una ley que solo mira a la reparación del pasado, sino también al futuro, para "trabajar con las nuevas generaciones y construir un relato compartido de lo sucedido para evitar repeticiones de todas las vulneraciones de derechos que supuso la violencia terrorista y, por otro, prever posibles nuevas situaciones que se puedan dar y adecuar la respuesta de la Administración a los nuevos contextos". En este sentido, ha defendido que la norma nace con "afán de permanencia" para hacer frente a "nuevos fenómenos terroristas, de naturaleza internacional, susceptibles de acaecer en cualquier lugar del mundo y de objetivos indiscriminados".

Ampliación del marco de cobertura

En el plano técnico, el texto articulado establece que los potenciales beneficiarios de las ayudas complementarias en Navarra —estimados de forma global en alrededor de 400 personas entre víctimas directas y familiares— se determinarán siempre a partir de la condición de víctima del terrorismo que acredita de forma oficial el Ministerio del Interior. Como principal novedad en su ámbito de aplicación subjetiva, la ley amparará a quienes sufrieron actos terroristas dentro del territorio navarro y a quienes estuvieran empadronados en la comunidad en el momento de los hechos (condición política navarra). A estos supuestos tradicionales se añade ahora a los nacidos en la Comunidad Foral cuyos atentados hayan ocurrido o se produzcan en el futuro en otros puntos del Estado español o del extranjero, evitando que queden desprotegidos por cuestiones de residencia legal.

En lo que respecta a las reparaciones de carácter puramente económico, la legislación foral fija una cuantía de indemnización complementaria que se sitúa en el 30% del importe reconocido y otorgado por la Administración General del Estado en los casos de fallecimiento, heridas, secuestros, secuelas psíquicas, daños físicos y daños materiales. Con el objetivo de corregir situaciones previas en las que los afectados no solicitaron estas prestaciones por diversas razones, la normativa habilitará de forma excepcional una nueva ventana temporal de cuatro años para que todas aquellas personas que no optaron a las ayudas complementarias entre los ejercicios 2010 y 2012 puedan tramitarlas formalmente ahora. Asimismo, se extenderá el acceso a los soportes no económicos —especialmente en atención sanitaria, psicológica y facilidades de vivienda— a un nuevo colectivo de damnificados reconocidos mediante la fórmula técnica de encomienda estatal.

Nuevas herramientas de participación

El desarrollo continuo de las políticas de memoria y convivencia se canalizará mediante la creación de un nuevo órgano de carácter consultivo y de asesoramiento denominado Consejo de Participación de las Víctimas del Terrorismo. Este espacio estructurado de diálogo civil y público estará integrado de forma mixta por representantes de la propia Administración y miembros procedentes de las asociaciones de víctimas con mayor representatividad dentro de la Comunidad Foral, sirviendo de guía para el diseño de las políticas públicas orientadas a este colectivo.

En paralelo, los departamentos gubernamentales de Educación y el de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera institucionalizarán diversas herramientas pedagógicas y de sensibilización social en las aulas. Estas medidas comprenderán programas estables de investigación, publicaciones específicas, exposiciones públicas y la consolidación de las iniciativas escolares ya activas englobadas bajo el programa Eskutik y las Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia. Todo este despliegue educativo se ha diseñado de forma específica en coherencia con las directrices estratégicas del II Plan Estratégico de Convivencia de Navarra, buscando que las nuevas generaciones conozcan los hechos ocurridos para erradicar definitivamente el uso de la violencia.