320 agresores han recibido terapia psicológica como alternativa a la prisión

pamplona. En concreto, en 2010, según datos facilitados por el departamento de Justicia del Gobierno foral, 261 varones condenados por delitos de violencia de género se beneficiaron de terapias grupales e individuales -con apoyo del psicólogo- para favorecer su reinserción social, de los que 189 cumplían condenas alternativas a la cárcel, otros 52 estaban en prisión (es voluntario) y 20 entraron de forma voluntaria (derivados de Servicios Sociales, Salud Mental...). La sustitución de penas es una medida recogida en la nueva ley estatal contra la violencia de género para delitos leves (penas inferiores a dos años) en sustitución de la cárcel. Los programas terapéuticos duran entre año y medio y dos años.

Un grupo de ocho personas que se benefician de este tratamiento alternativo participan a su vez en el nuevo programa piloto que ha puesto en marcha el Gobierno estatal en Navarra para delitos de maltrato. Se trata de un proyecto similar al que está llevando a cabo el Ejecutivo foral en colaboración con Instituciones Penitenciarias, ya que Navarra fue una de las comunidades pioneras en su implantación. El programa se compone de 25 sesiones grupales de tratamiento, se inició el pasado noviembre, el grupo es atendido por dos psicólogos y, de momento, no ha habido ningún "abandono". "La diferencia es que el tratamiento estatal es básicamente grupal, mientras que en Navarra se hacen también terapias individuales de hasta 14 sesiones", señaló ayer José Antonio Echauri, doctor en Psicología por la UPNA y miembro del Instituto de Psicología Jurídica y Forense (PSIMAE). Por su parte, el consejero de Interior, Javier Caballero, dijo que dicho plan busca "sustituir el castigo de prisión como una pena exclusivamente punitiva por la voluntad de que exista una resocialización".

psimae Desde el 2005 se han atendido en Navarra a un total de 525 agresores dentro y fuera de la cárcel de Pamplona a través del servicio que el Gobierno foral tiene concertado con la empresa PSIMAE, y de ellos 320 fueron por suspensión de condenas. Menos de dos años de condena y que sea la primera vez que se comete el delito son los requisitos para entrar en las medidas alternativas. La filosofía que rodea el programa terapéutico parte del "reconocimiento de los hechos": "Que una persona reconozca su conducta, sus actitudes agresivas, es el paso inicial y el más costoso. Muchas veces utilizan muchos mecanismos de defensa, de justificar su conducta; la minimizan o la niegan directamente", subraya José Antonio Echauri. Tomar conciencia es el segundo paso: "Darse cuenta de lo que están haciendo, cuál es su conducta, el daño y dolor que han causado a otras personas y a sí mismas. Y, a partir de ahí, es donde se empieza más un trabajo de modificación de conductas, de buscar otras estrategias; trabajamos habilidades sociales, habilidades personales, el mundo de los afectos y emociones... Es gente que tiene muchas dificultades para darse cuenta de cuáles sus emociones y poder expresarlas. A nivel cognitivo hay muchos pensamientos distorsionados sobre el uso de la violencia y sobre la figura de la mujer, al igual que hay un factor cultural importante", indica "Muchos de ellos justifican la utilización de la violencia para obtener lo que quieren. Se trabajan los roles de la mujer, la idea de subordinación... Son trabajos lentos y profundos que llevan tiempo".

tres servicios En el año 2005 se puso en marcha el servicio con 49 agresores y este último año se han atendido 261 entre los tres módulos de atención, "y el mayor volumen es la suspensión de condenas". Estos programas presentan una tasa de éxitos del 45%; la tasa de mejoría es del 39% y la de fracasos del 16%. El 50% de los maltratadores tiene hijos, y entorno al 25% son jóvenes entre 20 y 30 años, lo que pone de manifiesto que estamos ante una sociedad donde "hay mucha información y poca formación". "Yo soy muy crítico con los modelos de educación tanto académicos como familiares. Son chavales a los que no se les ha enseñado a frustrarse, no se les ha dicho nunca que no, y son personas muy intolerantes a la frustración...", reitera. Entre los que cumplen prisión, "el mayor reto porque se juntan patologías, drogas"..., ingresan en el programa porque la condena es mayor de dos años, y otro grupo importante entra por quebrantar la orden de alejamiento: "Muchos retoman la relación; la mujer quiere volver...".

En opinión de Amador Ruiz, jefe de Servicios Sociales Penitenciarios de Navarra, los tipos de delitos más comunes son el maltrato habitual, las amenazas, coacciones y el maltrato no habitual. Si la defensa lo pide, el juez puede imponer entre 30 y 80 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, además del programa terapéutico y la medida de alejamiento, si bien son casos minoritarios (14). En casos de violencia habitual, la condena va de seis meses a tres años, y no hay alternativas.

A su juicio, es más eficaz el programa terapéutico que las tareas en beneficio de la comunidad. "El sistema de medidas alternativas funciona bien tanto que, para este tipo de delitos sería una barbaridad meter a toda la gente en la cárcel y, además, no hay ninguna certeza de que no vaya a haber una mayor incidencia o fracaso. Permite que estas personas continúen con su trabajo y su vida en libertad y que actúen sobre las causas que les impiden solucionar los conflictos sin violencia", apostilla.