El Gobierno paraliza el plan de Egüés por deficiencias y no justificar 21.435 viviendas

pamplona. La decisión fue adoptada ayer en Consejo de Gobierno a propuesta del departamento de Fomento y Vivienda que dirige el socialista Anai Astiz, lo que anula la Orden Foral de 16 de mayo que ratificaba definitivamente el plan y devuelve el proyecto, y su modelo de crecimiento, al nuevo Ayuntamiento que ha salido de las urnas. Un acuerdo que pone fín a ocho años de batalla social y judicial, y que respalda las tesis de la plataforma ciudadana en su rechazo a este desarrollo, secundadas a su vez por el Defensor del Pueblo en su último informe. El nuevo crecimiento del valle podría ser diseñado de cero si así lo quiere el Consistorio.

En concreto, el Ejecutivo foral ha estimado parcialmente el recurso de alzada presentado por la plataforma vecinal del valle Salvemos Eguesibar, zain dezagun contra la Orden Foral 76/2011 de 16 de mayo por la que se aprobó, en víspera de las elecciones y por la vía extraordinaria, el documento aprobado por el Ayuntamiento y que daba cobertura a la construcción de 21.435 nuevas viviendas, aunque quedaba supeditado al cumplimiento de nuevos requerimientos.

En este momento, la falta de "justificación" del incremento residencial previsto y la no intervención del Consejo Navarro de Medio Ambiente se apuntan como las carencias "más relevantes", según la nueva medida. Errores que se sustentan tanto en la "falta de documentos como por la existencia de deficiencias de orden técnico por lo que una vez que el expediente esté completo, el Plan Municipal modificado será nuevamente presentado al consejero Anai Astiz para su aprobación definitiva". El acuerdo persigue dos fines. Por un lado, dota de "mayor seguridad jurídica al PGM, reduciendo los riesgos de impugnación y, por otro lado, parte de las sugerencias presentadas por el Defensor del Pueblo quedan atendidas". A su vez, al "mantener en trámite" el PGM se posibilita que el Ayuntamiento del Valle de Egüés pueda abrir, "si así lo considera oportuno", un nuevo periodo de "exposición pública y de concertación social".

periplo La Orden Foral de la ex consejera de Vivienda Amelia Salanueva, que fue recurrida por la plataforma vecinal, exigía al Ayuntamiento que presentara un texto refundido del PGM con una serie de determinaciones de "obligado cumplimiento". La edil Carolina Potau presentó así el 10 de junio, víspera de las elecciones, un nuevo texto refundido. Vivienda volvió a pedir nueva documentación técnica que el 11 de agosto se cumplimentó, y quedó de nuevo la pelota en manos del Ejecutivo (BON). Ahora, sin embargo, advierte el Ejecutivo, se "retrotraen las actuaciones al momento inmediatamente anterior a su aprobación definitiva, es decir, se debe requerir por el departamento al Ayuntamiento para la subsanación de las deficiencias detectadas. Hasta que no se presente el texto refundido del PGM, se publique su normativa urbanística así como la propia Orden Foral de aprobación definitiva del BON, el PGM "no entrará en vigor".

Se admite a su vez que la tramitación del PGM se ha dotado de los "mecanismos" de participación previstos en la ley, se han respetado los procesos de información pública y ha sido objeto de diversos informes sectoriales. Recuerda asimismo el prolijo proceso administrativo que requiere la tramitación de un plan municipal en coordinación con Vivienda y remite a la norma foral.

La decisión del Ejecutivo refrenda a su vez al Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, que se posiciona a favor de las tesis defendidas por la Plataforma Ciudadana. Enériz constata que el Plan aprobado no había sido sometido de forma suficiente al trámite de exposición pública, sólo tras la aprobación inicial del 4 de mayo de 2010. Así, los dos textos refundidos remitidos el 10 de junio y 12 de agosto de 2011 "no fueron sometidos a conocimiento del Pleno". Coincide en que el plan sometido a aprobación definitiva no se encuentra completo en sus determinaciones estructurantes e "incumple" la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Y la memoria del Plan General no justifica el crecimiento a 21.435 nuevas viviendas, como tampoco lo hace el Plan de Ordenación Territorial del Área Central.