Salud castiga a dos farmacias e investiga a nueve más por venta ilegal de medicamentos

pamplona. La reventa ilegal de medicamentos desde farmacias navarras recibirá un castigo ejemplar. El Gobierno foral sancionará a una botica con 130.000 euros y 10 meses de cierre y a otra, con 90.000 euros por distribución inversa, una infracción sanitaria considera muy grave que consiste en revender medicamentos de forma ilegal en otros países de la Unión Europea. Otras nueve farmacias están siendo investigadas por los mismos hechos.

El abastecimiento de medicamentos a las oficinas de farmacia procede de los almacenes distribuidores, que compran los medicamentos a los laboratorios o bien los laboratorios farmacéuticos autorizados. La distribución inversa consiste en distribuir desde las oficinas de farmacia medicamentos a otras oficinas de farmacia o a almacenes de distribución, para su venta final de forma ilegal en otros países miembros de la UE en los que estos medicamentos tienen un precio más elevado. "Las farmacias tenemos autorización para dispensar a los pacientes y custodiar los medicamentos. Estas farmacias hacen otra cosa diferente para la que no están autorizadas", explico Pilar García, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra sobre la decisión del Gobierno, que no hizo público las farmacias implicadas por la Ley de Protección de Datos. "España es uno de los países de la UE donde los medicamentos son más baratos. El fármaco tiene el precio regulado, cobramos lo que marca el Ministerio de Sanidad. Los laboratorios para comercializar un medicamento en cualquier país precisan que el ministerio correspondiente se lo autorice y además lo hace con un precio determinado, así que un mismo medicamento tiene un precio diferente en cada país", añadió sobre las razones que explican este tipo de infracción. "Son habitualmente medicamentos que precisan receta médica, pero con esa práctica ilegal se revierten a canales para venderlos al precio establecido en el país al que van destinados", aclaró García.

La realización de esta práctica por parte de las oficinas de farmacia ya había sido advertida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), como sucedió a través de una nota informativa del 18 de febrero de 2011 remitida a las comunidades autónomas. En esta nota, según informó el Ejecutivo, se señalaba que esta práctica se realiza o bien a través de las denominadas "agrupaciones de compras" o a través de propuestas de intermediarios que proporcionan a las oficinas de farmacia un listado de medicamentos para su compra y posterior venta a distribuidores de medicamentos, una práctica que suponía un incumplimiento de la normativa vigente y que debían ser sancionada para salvaguardar el adecuado funcionamiento de la cadena de suministro farmacéutica.

Fruto de este objetivo de lucha contra la distribución inversa se aprobó un real decreto ley en 2011 que modifica la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y que incluye la tipificación de forma específica de la distribución de medicamentos por oficinas de farmacia. La norma califica la citada conducta como infracción de carácter muy grave y endurece el castigo con una sanción mínima de 90.000 euros. "La sanción debe ser importante para que el beneficio que obtengan no sea mayor que la cuantía impuesta. Ese es el problema que tenía la ley anterior: sancionaba estas infracciones con cantidades muy pequeñas. La forma de que no compense es que la sanción sea elevada", defendió.

El departamento de Salud, a través de su inspección farmacéutica, ha controlado estas actuaciones. Con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto ley ya fueron sancionadas varias farmacias, entre ellas las dos oficinas que por acuerdo de Gobierno han vuelto a ser sancionadas por reiterar la conducta infractora. Como consecuencia de la reiteración y de que una de las dos oficinas de farmacia no ha cesado de inmediato en la conducta infractora se ha acordado para ésta un cierre de 10 meses como medida complementaria a la sanción impuesta. En la actualidad, además de los dos expedientes resueltos por el Gobierno de Navarra, el departamento de Salud tramita otros nueve expedientes sancionadores.

La distribución inversa puede generar perjuicios de diversa índole, entre ellos, posibles desabastecimientos de medicamentos para la población que reside en el ámbito donde se produce la distribución inversa. Se destinan a esta grandes dosis de medicamentos para patologías importantes que pueden provocar el citado desabastecimiento. "El problema es que haya una serie de medicamentos que por ser mucho más caros en otros países que aquí se desvíen ilegalmente a la exportación y eso origine que las farmacias que trabajamos legalmente, que somos la mayoría, las sancionadas son dos de 600 farmacias navarras, no los tengamos en cantidades suficientes para suministrarlos a nuestros pacientes. Es un tema sanitario importante", explicó García.

Otra de las consecuencias de este tipo de actuación es la imposibilidad de garantizar la trazabilidad de los medicamentos, lo resulta un elemento indispensable para asegurar su calidad. A estos efectos, la pérdida de la seguridad en la conservación de los medicamentos derivados a distribución inversa hace que los consumidores finales puedan verse afectados. "Las farmacias somos un eslabón en la cadena del suministro de los medicamentos para hacerlos llegar a los pacientes y garantizamos que van a hacerlo en condiciones. Si los desviamos por otros canales, no se puede garantizar la calidad del fármaco ni que se entreguen en óptimas condiciones a los pacientes", subrayó.

competencia desleal Desde un punto de vista profesional, la venta ilegal supone también competencia desleal respecto a aquellas oficinas de farmacia que cumplen con la normativa. "El Colegio no solo no ampara sino que reprueba estas conductas. Es una cuestión de la salud de nuestros pacientes, pero también atenta contra la ética profesional y supone competencia desleal. Aquí jugamos todos con las mismas reglas y no vale saltárselas, aunque son casos minoritarios", manifestó la presidenta del COF, que insistió en que la venta ilegal supone una infracción de forma manifiesta de las normas que regulan su profesión ya que a estos profesionales corresponde en exclusiva la dispensación de medicamentos, a través de la autorización sanitaria otorgada por Salud.

García matizó, no obstante, que este tipo de infracciones también se da en otras comunidades autónomas, aunque igualmente de forma minoritaria.