Jurados a 8.000 euros

LA decisión de evitar un juicio con jurado popular por un asunto tan grave como el del crimen de Ansoáin fue meditada por la Fiscalía, que entendió que se daban las connotaciones jurídicas oportunas para que el delito se considerara homicidio y la pena no superara los ocho años de prisión. En esa toma de consideraciones, seguro que el Ministerio Público también valoró, al igual que la defensa, la incertidumbre que siempre provoca entre los actores procesales el hecho de que ciudadanos legos en derecho se encarguen de juzgar los hechos delictivos más graves. Es un debate siempre vivo y hasta ahora no resuelto desde que el ministro Belloch impulsó la Ley del Jurado allá por la década de los noventa.

Sea como fuere, además de la inseguridad jurídica que produce el someterse al escrutinio de un tribunal popular, también este tipo de jurados, que componen nueve personas y dos suplentes (que previamente figuraban elegidos entre el más de millar de candidatos que se sortean entre todo el censo para que puedan ser jurado en los juicios que se realizan en los dos años siguientes a su elección). La maquinaria de preparar una vista oral con un tribunal popular no es nada sencilla y, además, de la tarea burocrática y notificadora que exige a los funcionarios, exige una serie de gastos a la Administración. Lógicamente, en caso de alcanzarse un acuerdo como ocurrió ayer en el crimen de Ansoáin en la Sección Primera de la Audiencia, el Gobierno de Navarra se ahorra un gasto que suele situarse en una media de 8.000 euros. A los miembros del jurado se les paga en concepto de dietas (unos 80 euros/día, también por los viajes de los jurados desde su localidad de origen a Pamplona), por comida, transporte y alojamiento en el hotel donde los jurados tienen que dormir hasta no alcanzar un veredicto.

No es el de ayer el único caso reciente de una muerte violenta que se pacta antes de someterse a un juicio con jurado popular. En octubre de 2012 Edgar Rubén Guamán, el autor confeso de la muerte de la vecina de Burlada, Yanela Zaruma, de 22 años, que fue su pareja sentimental y con la que tenía una hija, aceptó una pena de 16 años de prisión por asesinato. En septiembre de 2011 fue José María Morentin Duarte quien aceptó antes del juicio 16 años y medio de cárcel sin celebrarse la vista oral tras asesinar a su expareja, la estellesa María Puy Pérez Ezpeleta.