El gobierno foral anuncia un control “exhaustivo” de la vpo de alquiler

pamplona - La ocupación de viviendas protegidas en régimen de alquiler serán objeto este año y el próximo de un “control exhaustivo” por parte del Gobierno de Navarra para comprobar si están en uso y por quienes resultaron adjudicatarios. Esta inspección afectará especialmente a la gestión de las adjudicaciones a nuevos arrendamientos de viviendas protegidas que previamente estuvieron ocupadas por otros inquilinos. La medida es una de las novedades en el IV Plan de Control e Inspección en materia de vivienda para 2015-2016 aprobado por el Gobierno foral en diciembre de 2014 y que el pasado 5 de febrero fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra.

Como en años anteriores, el control de las viviendas protegidas corresponderá a la Policía Foral y, según precisaron ayer responsables del departamento foral de Fomento y Vivienda, el plan aprobado para este bienio (2015-16) es “continuista con el anterior en lo que al control de la ocupación de las viviendas protegidas se refiere”. El nuevo plan tiene ocho novedades referidas, en su mayoría, a los controles “exhaustivos” de la ocupación en las viviendas protegidas, que realiza la Policía Foral, y que a partir de este año se extenderá también a las de régimen de alquiler, una opción que, según la última adjudicación de viviendas VPO, constituye ya el 79,2% (incluidas las de arrendamiento con opción de compra) frente a la compra.

En concreto, las novedades para estos dos años son: “Control exhaustivo de las subvenciones concedidas a los promotores por instalación de domótica para el ahorro energético; control del alquiler de las viviendas rehabilitadas con ayudas para tal fin (destinar al alquiler por sus propietarios); control de la entrega del Libro del Edificio a los propietarios de viviendas protegidas, obligatorio desde el año 2000 y que describe el inmueble recién construido para su conocimiento y mantenimiento posterior; y control exhaustivo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, sobre todo en lo referido a la gestión de las adjudicaciones a nuevos arrendatarios de viviendas protegidas que previamente estuvieron ocupadas por otros inquilinos”.

También destaca entre las novedades que “se impone a las entidades administradoras de las viviendas incluidas en el Fondo, o en su caso, de la entidad social colaboradora, la obligación de comunicar al Servicio de Vivienda todos los contratos de arrendamiento que suscriban, así como las rescisiones que se vayan produciendo”. Por otro lado, se establece un control trimestral del cumplimiento por parte de quienes se encuentran inscritos en el censo de solicitantes de vivienda protegida, de la obligación de mantener vigente su inscripción ya que las inscripciones caducan a los 2 años si los interesados no realizan actualización alguna y, por tanto, son eliminados del censo.

Como queda dicho, se incluye entre las novedades, las inspecciones que realiza Policía Foral el control de la ocupación de viviendas protegidas en régimen de alquiler. Por último, este IV Plan de Control e Inspección en materia de vivienda prevé realizar una inspección específica de la ocupación de las viviendas protegidas adjudicadas a personas que no cumplían los requisitos de acceso a vivienda protegida durante los últimos años.

cuarto plan de control El objeto del plan de control e inspección, que se puso en marcha en 2009, es garantizar el cumplimiento de la ley, asegurar una vivienda libre y protegida de calidad, y autentificar que los adjudicatarios de vivienda protegida cumplen los requisitos exigidos, según justifica el Gobierno de Navarra.

El plan, que mantiene su continuidad con respecto a los anteriores, centra el control e inspección en cuatro ejes estratégicos de actuación: promoción y edificación de vivienda libre y protegida; adjudicación de vivienda protegida tanto en régimen de propiedad como en alquiler; transmisión y cesión de la vivienda protegida; y destino y uso de este tipo de vivienda.

En cuanto a la promoción y edificación de vivienda libre y protegida, los objetivos son los siguientes: asegurar que los edificios y sus viviendas cumplen con la normativa foral sobre condiciones de habitabilidad, de accesibilidad y la normativa básica sobre edificación. Garantizar al usuario un conocimiento sobre el gasto energético y sensibilizar sobre el mismo; intervenir en las reclamaciones de los propietarios de viviendas protegidas en las que se denuncien defectos o vicios ocultos en los 3 primeros años contados desde su calificación definitiva; control el nivel de calificación energética; comprobar el gasto efectuado en la instalación domótica o constatar el arrendamiento de las viviendas rehabilitadas con ese fin, entre otros objetivos.

En lo referente al segundo eje de actuación, referido a la adjudicación de vivienda protegida, se trata de garantizar que todas las viviendas protegidas se adjudican de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y garantizar que los perceptores cumplen los requisitos para acceder a la VPO y a las subvenciones; velar por el correcto funcionamiento del censo de solicitantes de vivienda protegida y los controles citados de la gestión de las adjudicaciones de VPO en régimen de arrendamiento así como del Fondo Foral de Vivienda Social. Entre las medidas, los dos primeros meses de cada año se actualizaran de oficio los datos de los adjudicatarios.

control de sobreprecios El tercer eje de actuación de este IV Plan se refiere a transmisiones y cesiones de viviendas protegidas y entre los objetivos destacan garantizar que el destinatario cumple los requisitos; controlar la prohibición de percibir cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponde pagar al comprador de VPO, comprobar el reintegro de las ayudas obtenidas por adquirir una VPO o que no se transmite conjuntamente la vivienda y un local no incluido como anejo a la cédula de calificación definitiva como VPO, así como posibilitar el derecho e tanteo y retracto que tiene reconocido por Gobierno foral.

Por último, en lo que se refiere al control de uso y destino de las viviendas protegidas, el objetivo es vigilar que dichas residencias se destinen a domicilio habitual y permanente de sus propietarios o arrendatarios, que los contratos de alquiler cuenten con el debido visado, entre otros. Los controles se realizarán mediante la petición de consumos o a través de inspecciones de la Policía Foral. Se prevé un nivel de control de 300 viviendas anuales, 40 de ellos se harán a propietarios que no reunían los requisitos cuando la recibieron. La Policía Foral inspeccionará 100 VPO.

Algunas cifras. El IV Plan de control e inspección prevé controlar 10 expedientes por año para que los promotores que hayan recibido ayuda para rehabilitar pisos dirigidos al alquiler acrediten que el piso sigue en alquiler una vez transcurrido al menos un año. Los solicitantes de VPO inscritos en el censo serán dados de baja si no la actualizan en dos años. Por otro lado, se establece un nivel de 40 inspecciones ente las viviendas adjudicadas a personas que no cumplían los requisitos (se les pedirán consumos).

Solicitantes. Según el censo de solicitantes de VPO, en septiembre de 2014 había 4.964 demandantes de vivienda protegida en régimen de alquiler (2.306 de sólo arrendamiento, 820 de arrendamiento con opción a compra y 1.838 que optan a las dos) y 1.297 solicitudes de compra.

Inspecciones y sanciones. En 2014 se realizaron 434 inspecciones (307 mediante petición de consumos de la VPO y 127 por agentes de la Policía Foral. Se impusieron 18 sanciones y se abrieron 39 expedientes. En cuanto a la cuantía de las sanciones, oscilan entre 300 y 4.500 euros.