Denuncian un supuesto desguace ilegal en el cuartel de la Guardia Civil de Puente la Reina-Gares

PAMPLONA. La denuncia ha sido presentada ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, el departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Puente la Reina, al considerar que "puede comportar un peligro o daño grave para personas, flora, fauna, cosas o el medio ambiente".

Con su iniciativa, los denunciantes pretenden que "se tomen las medidas sancionadoras y de otra índole que se consideren oportunas".

El desguace está instalado en un terreno ubicado dentro de los muros del cuartel y a "escasa distancia" de las viviendas de los agentes "sin cumplir supuestamente los requisitos previstos en la legislación vigente".

Al respecto, la denuncia incide en que "carece de los requisitos mínimos para preservar el medio ambiente" y "de todo tipo de medidas para garantizar la salud e integridad de las personas que residen en las inmediaciones".

Señala también que los vehículos no se encuentran depositados sobre una superficie de cemento impermeabilizada, sino directamente sobre el terreno "permitiendo así la filtración de los contaminantes de los vehículos al subsuelo, contaminando los acuíferos, con grave peligro para la salud de las personas".

Según se expone, "debido a la grave negligencia en los hechos, se está poniendo en riesgo extremo de provocar un incendio y, en caso de producirse, el peligro de explosión al contener material y sustancias inflamables, que afectaría claramente a la vida e integridad física de las personas".

El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción considera además que "es muy posible que los lixiviados de este desguace ilegal lleguen a contaminar incluso el río Arga, dada su proximidad".

Por ello, solicita que se acuerde la clausura "inmediata" de esta instalación presuntamente ilegal y la retirada de vehículos "a un centro debidamente autorizado para su descontaminación y posterior reciclaje".

Pide igualmente que las autoridades competentes actúen "con total rigor e imparcialidad" ya que el presunto infractor en un cuerpo policial, que a su juicio "está poniendo en peligro la salud e integridad de las personas" cuando su misión "es lo contrario, protegerlas".