pamplona - La OPE docente afronta un nuevo episodio, y esta vez por la vía judicial. El sindicato AFAPNA ha recurrido ante el Juzgado del Contencioso Administrativo número 2 la oferta pública de empleo y, en concreto, según apuntan desde el sindicato, la posibilidad de que personas puedan presentarse tanto a las pruebas que se hagan en euskera como a las de castellano al celebrarse estos exámenes en días diferentes. Fuentes cercanas al procedimiento apuntan que el objetivo sería resolver este proceso antes de la celebración de las pruebas, en principio previstas para los próximos meses de junio y julio. Desde Educación, por el momento, explicaron que están estudiando el recurso.

Por su parte, el presidente de AFAPNA, Juan Carlos Laboreo, confirmó ayer que este recurso no se debe a las 200 plazas en especialidades anunciadas para el Cuerpo de Maestros y Maestras, sino al “modelo de oposición”. El sindicato carga contra la “doble posibilidad” que, en su opinión, se da aspirantes bilingües, una medida novedosa porque el Gobierno foral no ha hecho una lista única y ha mantenido la separación por especialidades e idiomas (euskera y castellano), pero , en cambio, sí ha garantizado (y aquí se centra el cambio) que las pruebas en euskera y castellano se hagan en días distintos. De esta forma, se permite a aquellas personas que quieran aspirar a las plazas tanto en euskera como en castellano que puedan presentar a ambos exámenes.

La medida, sin embargo, ha generado críticas tanto de sindicatos como LAB, Steilas y ELA, que piden una lista única y consideran que este término medio es “un parche”, y de otras centrales y partidos contrarios a la unificación, que incluso se movilizaron en la plaza del Castillo.

Ahora, AFAPNA plantea este recurso y pide medidas cautelares para suspender la prueba, prevista para este verano como es habitual en las oposiciones docentes. El anuncio se recogió ayer en el Boletín Oficial de Navarra. Fuentes cercanas al procedimiento calculan que la Justicia podría pronunciarse sobre las medidas cauteleras solicitadas (la suspensión de la prueba) en alrededor de un mes. En cuanto al fondo del asunto, lo habitual es que pueda resolverse en un plazo de tres o cuatro meses, pero lo esperable también es que haya una decisión antes de la realización del examen.

Laboreo, en cualquier caso, reconoció que el objetivo del sindicato con esas medidas cautelares es que la prueba no se realice, de manera que esas 200 plazas de la OPE, ya aprobada, se reservarían y el Gobierno tendría un plazo de tres años desde la aprobación de la oferta para realizar la prueba.