pamplona - El presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Navarra, Manuel Eciolaza, destacó ayer en una comisión parlamentaria que para que la Ley foral 8/2011 sobre los derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso de la muerte se cumpla, es fundamental la creación de una herramienta que garantice su cumplimiento y realice un seguimiento del mismo, como lo sería un Observatorio de Muerte Digna, el cual significaría “un gran paso en el desarrollo de la norma, que tendría como fin formar al personal facultativo e informar a los ciudadanos” para que se cumpla dicha ley.

En este sentido, Eciolaza remarcó que el Observatorio de Muerte Digna conformaría una herramienta estable que vigilase el “buen morir” y que permitiese “obtener datos sobre el final de la vida en Navarra para poder plantear medidas de mejora”. “Sería un organismo a donde pudieran acudir los pacientes que crean que no se están respetando sus derechos en el proceso de la muerte”, añadió Eciolaza, quien lamentó que hoy en día y a pesar de la ley “no existe una manera clara de valorar esas situaciones para poderlas mejorar”. Así pues, apuntó que el Observatorio “podría ser el instrumento de seguimiento del cumplimiento de todos los objetivos que dicta la ley”.

más información En cuanto a los aspectos que habría que mejorar “desde ahora”, señaló que uno de ellos, “puede que el más importante”, es el referente a la información que reciben los pacientes sobre su pronóstico vital. “Esto impide una buena toma de decisiones sobre las opciones clínicas disponibles”. Por otro lado, indicó que “en escasas situaciones se informa al paciente mentalmente competente o a sus familiares de su capacidad y de su derecho a negarse para que le prescriban tratamientos que no le van a curar o a que le retiren tratamientos ya establecidos”. Asimismo, remarcó que “para poder realizar el documento de voluntades anticipadas, la premisa principal es que el ciudadano conozca de su existencia”, así como “también es fundamental que se conozca su contenido, tanto por parte del paciente como por parte del sanitario”.

Respecto a lo que compete a los profesionales sanitarios, subrayó que “hay una necesidad de informar y formar al personal sanitario para que pueda cumplir con este deber”. “La propia ley clarifica los mecanismos para su desarrollo”, dijo, y concluyó: “La realización de un estudio sobre el cumplimiento de esta ley, la formación a los profesionales o la consulta de los documentos de voluntades en todos los dispositivos de atención a los pacientes son medidas que podría llevar a cabo este Observatorio, del cual urge su creación”. - A.R.O.