pamplona - Navarra, ante la pasividad del Gobierno de Mariano Rajoy, que incumple la ley estatal aprobada en 2007, ha impulsado la constitución de una Red Interautonómica para trabajar conjuntamente y avanzar en la recuperación de la memoria histórica y la reparación de las afrentas, víctimas y daños ocasionados por la guerra civil del 36 y el franquismo. El primer paso se dio ayer con la constitución de la red y el primer encuentro que continuará hoy viernes, reunión en la que están representadas 13 comunidades autónomas. Es la primera vez que en 40 años se reúnen las CCAA en torno a este tema.
El director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Álvaro Baraibar, destacó ayer, antes del inicio de la primera sesión, que propuso que fuera Navarra la anfitriona de este primer encuentro debido a que este año se celebran 15 años desde la Declaración Institucional aprobada en 2003 por el Parlamento de Navarra, cinco años desde la aprobación de la ley foral de memoria histórica y 80 años, el próximo 22 de mayo, de la fuga del penal de San Cristóbal. “Son tres aniversarios importantes en Navarra, Comunidad que está impulsando asimismo desde 2015 una política importante en materia de memoria histórica”.
En Navarra, las políticas públicas de memoria histórica tienen cinco líneas prioritarias. La primera tiene que ver con las exhumaciones y banco de ADN, cuya finalidad es poder entregar a las familias sus seres queridos. La segunda es la relativa a la retirada de simbología franquista y todo lo que tiene que ver con la recuperación democrática del espacio público; la tercera línea de trabajo -continuó Baraibar- tiene que ver con la transmisión intergeneracional de la memoria y el programa de escuelas con memoria. La cuarta, con el reconocimiento y reparación de las víctimas con actos institucionales, como ya se celebraron en 2016 (reconocimiento y homenaje al funcionariado público y magisterio) y 2017 (Gurs) y la quinta línea de actuación, todo lo que tiene que ver con los Lugares de Memoria, cuyo trabajo tiene el foco puesto actualmente en la elaboración del proyecto de ley para su regulación y protección, señaló Baraibar.
El encuentro, añadió el director de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, “surge de la necesidad de coordinar y compartir experiencias y buenas prácticas en torno a la recuperación de la memoria histórica”. La idea se ha ido gestando en conversaciones mantenidas por los responsables de esta materia de los distintos gobiernos autonómicos durante reuniones que han tenido lugar desde hace ya dos años en Zaragoza, en Madrid y la última el pasado noviembre en Barcelona. Fue en Barcelona donde Navarra propuso crear una estructura y la posibilidad de abrir vías de colaboración interautonómica.
colaboración entre ccaa El objetivo de la red no es otro que establecer pautas de funcionamiento y colaboración. “Hay que tener en cuenta -apuntó Baraibar- que hubo personas de Navarra represaliadas fuera de la Comunidad Foral y personas represaliadas aquí que procedían de otros lugares del Estado”. En este sentido señaló que “queremos explorar posibilidades de colaboración y establecer un censo global completo que nos hable de cómo fue la represión del franquismo, algo que solo se puede hacer desde la colaboración entre comunidades autónomas”. Además, el director de Paz, Convivencia y Derechos Humanos subrayó que se trata de una materia que tiene que ver con los derechos humanos; “queremos abordar la localización, exhumación, identificación y entregar a sus respectivas familias las personas que fueron represaliadas y que aun permanecen enterradas en fosas comunes o integraron los batallones de trabajos forzados, actuación que requiere la colaboración interautonómica”.
En cuanto a la pasividad del Gobierno del Estado, Baraibar señaló que prefiere ver el aspecto positivo de la iniciativa. “Somos muchas CCAA las que hemos decidido asumir la responsabilidad que tenemos las Administraciones Públicas de dar respuesta a las víctimas del 36 y trabajar en la memoria histórica y es un hito importante que haya 13 comunidades autónomas hoy sentadas en la misma mesa. Esta iniciativa habla de una necesidad compartida por muchas Administraciones”, insistió, al tiempo que aseguró que “hay que avanzar y el Estado tiene también su responsabilidad”. Y agregó: “Todo esto nace de la necesidad de ponernos en común los que sí queremos trabajar en este tema y a partir de ahí estamos asumiendo la responsabilidad que también tenemos”.
una organización necesaria La primera sesión de este encuentro interautonómico se celebró por la tarde, a puerta cerrada, en dependencias del Palacio de Navarra y hubo acuerdo y convencimiento de la “necesidad de constituir esta red”. Los representantes de Andalucía, Aragón, Catalunya y Baleares mostraron su malestar con el Gobierno del Estado por no haber sido el convocante de esta reunión, según pudo saber este periódico. Durante la reunión, que se prolongó por espacio de dos horas y media, los representantes de las 13 comunidades autónomas esbozaron actuaciones y proyectos de sus respectivos territorios respecto a la memoria histórica.
El portavoz de Andalucía puso de manifiesto que hasta ahora han hablado del deber de memoria y que “el impulso de políticas públicas de memoria nos permite verla como un derecho ciudadano”. La representante de Asturias destacó el proyecto de conservación de grafitis hechos por presos en el presidio de Cangas de Narcea y la declaración del inmueble como patrimonio cultural. La de Cantabria anunció que en breve se iniciará el proceso parlamentario para la elaboración de una ley de Memoria Histórica, el trabajo en el mapa de fosas y la creación de una estructura administrativa. Por otro lado, informó que el colectivo Desmemoriados presentó un proyecto de cartografía de la Memoria Histórica en Cantabria.
El representante de Castilla y León señaló que el proyecto de decreto de memoria histórica y democrática está muy avanzado. También, que se pretende que un consejo técnico valore solicitudes de exhumaciones y que plantean también la elaboración de unidades didácticas para ESO y Bachiller para poder estudiar la verdad de lo que pasó durante la guerra civil y la dictadura franquista. De Catalunya, su portavoz, dijo que darían por bueno que la ley de Memoria Histórica del 2007 se hubiera cumplido en la actualidad en un 30% y manifestó que en Cataluña hay un censo vivo que recoge a unas 6.000 personas que buscan desaparecidos.
El representante de la Comunidad Valenciana reconoció sentir envidia de quienes llevan años impulsando políticas públicas de memoria y avanzó que para este año tienen como objetivo un plan de apertura de fosas (400), con su exhumación e identificación. Consideró el encuentro como un foro adecuado para poner en común la información. Desde Extremadura, su representante afirmó que “Estamos, hoy aquí, ante una oportunidad importante, esté o no esté el Estado, siendo esta una cuestión de Estado”. Por parte de Baleares, su portavoz señaló que en esa comunidad quienes abrieron el camino fueron las asociaciones memorialistas. La representación de la Rioja dijo que la memoria histórica no nace con los poderes públicos y que es necesario articular liderazgos compartidos. El de Aragón anunció que en breve aprobarán su ley de memoria histórica y el de Canarias que han comenzado a elaborar su normativa.
13 Comunidades Autónomas. El I Encuentro de la Red Interautonómica de Memoria Histórica reúne ayer y hoy en Pamplona a una treintena de representantes de 13 comunidades autónomas.
Andalucía. Francisco Javier Giraldez Díaz, director general de Memoria Democrática y Miguel Ángel Melero, coordinador de Exhumaciones de la dirección general de la Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.
Aragón. Víctor Manuel Lucea Ayala, asesor Gabinete de la Presidencia y Julio Embid López, director general de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario
Asturias. Encarnación Vicente Suárez, directora de Justicia e Interior, y Consuelo Tello, asesora.
Cantabria. Sara Negueruela García, secretaria general de Educación Cultura y Deporte.
Junta de Castilla y León. José Manuel Herrero Mendoza, secretario general de la Presidencia.
Canarias. Emilio Moreno Bravo, viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias.
Catalunya. Carme García i Suàrez, directora general de Relaciones Institucionales y Parlamento, y Mireia Plana, subdirectora de Memoria, Paz y Derechos Humanos.
Comunidad Valenciana. Ferrán Puchades Vila, secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y . Eduardo García de Leonardo Tobarra, jefe de servicio de Análisis e Impulso de Derechos, Libertades y Desarrollo Democrático.
Islas Baleares. Fanny Tur Riera, consejera de Cul. Dep. y Participación; Maria Pizà Nicolau, asesora; y María García Mas, protocolo.
Junta de Extremadura. Francisco Pérez Urbán, director General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural y Fernando Ayala, diputado y secretario regional de Memoria Histórica del PSOE.
La Rioja. Mario Martínez Fernández, director de Gabinete de la Consejera de Pres., Relaciones Institucionales y Acción Exterior.
Comunidad Autónoma Vasca. Aintzane Ezenarro, directora de Gogora; Amaia Goenaga, técnica de Memoria Histórica de Gogora; y
Miriam Baeta Bafalluy, investigadora BIOMICs Research Group.
Navarra. Ana Ollo Hualde, consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales; Álvaro Baraibar, director General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos; José Miguel Gastón Aguas y César Layana Ilundáin, sección de Memoria Histórica; y Jesús Lacalle y Toya Bernard, director de Servicios y jefe de Laboratorio de Nasertic, respectivamente.
