Tudela. Los tres acusados en el caso de envenenamiento masivo de aves rapaces en los cotos de caza de Montes de Cierzo y Monte Alto, en la Ribera de Navarra, se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión, una cifra que han mantenido hoy las acusaciones en el juicio que ha quedado visto para sentencia.

Los presidentes de los cotos de caza de Tudela y Cintruénigo, y uno de los guardas del acotado de Montes de Cierzo, han declarado hoy en el juzgado nº 2 de lo penal de la capital ribera, al igual que una treintena de testigos y peritos que han pasado por la sala segunda en una vista que se ha alargado durante más de seis horas.

En lo que respecta a las peticiones de las partes acusatorias, el Gobierno de Navarra pide 3 años de prisión para cada uno de los tres encausados, al igual que la Fiscalía, mientras que las organizaciones Ecologistas en Acción, Seo Bird/Life y WWF elevan su petición a 2 años y seis meses de prisión.

Todas las partes de la acusación y el Ministerio Fiscal consideran "probado" que los acusados llevaron a cabo "prácticas dolosas" que culminaron, en la primavera de 2012, en la muerte por envenenamiento de 138 aves rapaces, algunas de ellas en peligro de extinción como milanos reales, y otras de especial conservación como milanos negros o aguiluchos laguneros.

A los tres encausados se les acusa de haber utilizado jaulas-trampa y cebos cárnicos con venenos que estaban prohibidos para el uso fitosanitario desde 2003, como son el Dementon S-Motil y el Fentión, y cuyos efectos en la fauna, tal y como han detallado los peritos que han testificado, son "letales" y producen una "intoxicación aguda".

A juicio de la Fiscalía y la acusación particular, los presidentes de los cotos acusados eran "los principales beneficiados" de esas acciones, ya que "las rapaces muertas son depredadores que se alimentan de otras especies de aves" que normalmente se cazan en el coto.

A estos hechos añaden el agravante de haberse producido en espacios naturales protegidos, la Balsa del Purguer y la de Agua Salada, y provocar una "repercusión ambiental considerable".

A ese respecto, el abogado representante de las organizaciones medioambientales en la causa ha recordado que este es "el mayor caso de envenenamiento de fauna en España", ya que "ningún otro llega a la variedad y a la cantidad de animales afectados como el de los dos cotos riberos".

En lo que respecta la responsabilidad civil, el Gobierno de Navarra pide 67.229 euros más la aplicación del 83,3 % en concepto de IPC, así como 1.335 euros por el coste de los diferentes análisis periciales y 3.623 euros de los análisis veterinarios efectuados en la investigación.

En el otro extremo, los abogados defensores de los acusados piden la absolución de todos los cargos por considerar "no acreditada" la autoría de los hechos por parte de sus patrocinados.

Para ello, argumentan que no se desprende "ningún indicio incriminatorio de las escuchas telefónicas" realizadas por Policía Foral y que "no se puede descartar la hipótesis de que las aves murieran por el consumo de aguas intoxicadas en los aledaños del vertedero de El Culebrete".