El Gobierno financia el alquiler de pisos en el mercado libre a jóvenes y familias con hijos

pamplona - El Gobierno de Navarra financiará el alquiler de vivienda libre con ayudas específicas para la población joven de hasta 30 años de edad y las familias con menores. Se estima que pueden beneficiarse unos 3.500 jóvenes y el millar de familias con menores que están demandando un piso. Ambos colectivos son los destinatarios de las nuevas ayudas para arrendar esta tipología de vivienda, cuyas rentas de alquiler se limitan a un máximo de 650 € -lo que contribuirá a frenar también que se disparen los precios del alquiler-, unas ayudas con las que Navarra reconoce el derecho subjetivo a la vivienda y se sitúa como comunidad pionera por la vía innovadora de la deducción fiscal con cobro anticipado.

La cuantía de las ayudas puede ser de hasta el 50%, con un máximo de 250 €, para quienes reúnan determinados requisitos entre ellos, tener entre 23 y 30 años con rentas inferiores a 20.000 €/año, computados de forma individual, y de 30.000 €/año conjuntamente con el resto de miembros de la unidad familiar. En el caso de familias con menores, la deducción será también en función de los ingresos para alquileres limitados a 650€.

El Gobierno de Navarra y los grupos del cuatripartito que lo sustentan registraron ayer en el Parlamento la proposición de ley foral con la que se hace efectivo -de momento mediante ayudas por el alquiler en el mercado libre “conscientes de que el parque público de vivienda en alquiler es insuficiente para satisfacer la actual demanda”- el derecho subjetivo a la vivienda, que supone el derecho a una vivienda digna y adecuada para cualquier ciudadano navarro que cumpla con los requisitos, y al que se le otorga el rango de un derecho fundamental, exigible por sí mismo. Se trata de un derecho cuyo reconocimiento constituye uno de los pilares de la política de vivienda de la legislatura recogido en el Acuerdo Programático de las cuatro fuerzas que sustentan el Gobierno foral.

deducción fiscal con cobro anticipado La proposición de ley fue presentada ayer en rueda de prensa por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y los portavoces en esta materia de los cuatro partidos, Isabel Aramburu (Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu), Mikel Buil (Podemos) y José Miguel Nuin (I-E).

El vicepresidente Laparra valoró positivamente la propuesta de ley. “Se trata de un proyecto que aúna varios objetivos. Busca propiciar la emancipación de la gente joven y con ella su capacidad de emprender un proyecto vital independiente, lo que a su vez potencia la natalidad”. Además, añadió, “se pretende igualmente garantizar a las familias con hijos e hijas, el poder hacer frente a sus gastos de alquiler de vivienda, lo que se traduce en una mejora de la igualdad de oportunidades reales de esos menores, reduciendo la lacra de la pobreza infantil. Y todo ello, se hace a través de una vía innovadora, una deducción fiscal pero de cobro anticipado, pionera en toda España.”

Igualmente positivo, señaló Laparra, es que “además del denominado derecho subjetivo de vivienda, se introducen una serie de cuestiones que persiguen el apoyo a familias en situaciones de desahucio para que no acarreen con deudas tras perder su vivienda, medidas para que la VPO cumpla realmente su función social de vivienda, y medidas encaminadas a preservar la calidad y habitabilidad del parque residencial de Navarra”. “Con ello, podemos decir que cumplimos otro compromiso más del Acuerdo Programático”, subrayó.

‘emanzipa’ y ‘ david’, modalidades El texto de la proposición de ley reconoce que el actual parque público de vivienda es insuficiente y por ello establece en su lugar, y de forma subsidiaria, una prestación económica garantizada, que se configura como un impuesto sobre la renta negativo mediante una deducción en la cuota diferencial. Esa prestación tendrá dos modalidades: la dirigida a los jóvenes se denomina EmanZipa y la establecida para familias con menores, DaVid.

El programa denominado EmanZipa, precisaron ayer en la rueda de prensa, es una prestación garantizada dirigida a jóvenes de entre 23 y 30 años y con una duración máxima de tres años, no necesariamente de manera ininterrumpida. La cuantía de la ayuda será hasta del 50 % de la renta de alquiler mensual de la vivienda, con un máximo de 250 €/mes, y siempre que la renta de la vivienda no supere los 650 € mensuales. Tendrán derecho a ella los jóvenes que no superen ingresos de 20.000 euros o de 30.000 en hogares de dos o más personas. Una vez concedida, el pago se realizará de manera trimestral y tras aportar los justificantes bancarios de pago. La prestación se renovará anualmente siempre que se sigan cumpliendo con los requisitos.

El segundo programa se denomina DaVId y es para familias con ingresos inferiores a una determinada cantidad, en función del número de miembros. La ayuda podrá ser de 300, 250 o 200 € al mes en función de la renta disponible (medida con el nuevo indicador SARA que sustituye al IPREM), y nunca superior al 50% del precio del alquiler. Para tener derecho se deberá estar inscrito en el censo de solicitantes de vivienda protegida con al menos un año de antigüedad a 1 de enero de cada año, y la renta del alquiler de la vivienda tampoco podrá superar los 650 €/mes. El pago se realizará en este caso de manera mensual tras aportar los justificantes bancarios de pago, y se renovará anualmente, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos.

efectiva desde 1 de enero 2019 Para la puesta en marcha del derecho subjetivo a la vivienda, se contempla un calendario gradual del reconocimiento del derecho, en función de la suficiente dotación de los recursos económicos, materiales y organizativos necesarios, si bien la intención es que la ley sea aprobada para que el reconocimiento del derecho subjetivo sea efectivo desde el día 1 de enero de 2019, de un modo muy amplio, aunque será pleno en 2021.

Se espera que la inversión social requerida supondrá una disminución de ingresos fiscales adicionales a las actuales deducciones por valor de 9,3 millones en el año 2019, de los cuales, 7,3 se destinarán al programa EmanZipa y 2 millones al programa DaVId.

Además, la ley contempla otros cambios que continúan la senda de profundización en la función social de la vivienda, como la imposibilidad de destinar viviendas protegidas al alquiler turístico, la obligación de realizar el Informe de Evaluación de Edificios para las unifamiliares, o la consideración de infracción la no renovación de las cédulas de habitabilidad.

También faculta al Gobierno de Navarra, para ejercer su derecho al tanteo y retracto, poder designar a un demandante de vivienda como potencial comprador, de forma que dichas viviendas pueda destinarse preferentemente a quienes demanden pisos protegidos. Además, y con el fin de disponer de instrumentos de planificación y graduación de las ayudas y política de rehabilitación se elaborará un mapa de zonas vulnerables en el plazo máximo de un año.

Como medida de protección para los adquirientes de viviendas protegidas, se pretende evitar las ejecuciones hipotecarias y se establecen medidas para que a la banca no le salga rentable no aplicar la dación en pago.

SARA, nuevo indicador de renta, en vez del IPREM. A efectos de calcular la renta familiar se establece un nuevo indicador superior al actual IPREM (Índice Público de Renta de Efectos Múltiples) denominado SARA (Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada). Las familias con ingresos ponderados inferiores a 1,7 veces SARA, serán las que tengan derecho a esta prestación. Las cuantías serán de 300 € mensuales para familias con ingresos inferiores a una vez SARA; de 250 €, a ingresos inferiores a 1,4 veces SARA, y de 200 €, a ingresos inferiores a 1,7 veces SARA. Este nuevo índice, exclusivo en Navarra, experimenta una notable actualización (IPREM 2017= 7.519,59 € y SARA 2017= 8.120 €). En términos de renta anual, una unidad familiar de cuatro miembros, recibirá la prestación con ingresos inferiores a 22.250,16 €.

Precio limitado a 650 €. Tanto en el programa EmanZipa como DaVid, el precio tope del alquiler es 650 €/ mes “para que no haya traslación de las ayudas al precio”, precisó Laparra. Para acceder a ambas prestaciones se necesita cumplir los requisitos de acceso a las subvenciones por arrendamiento de viviendas protegidas, tales como no ser titular de una vivienda, no haber transmitido una en los últimos 5 años (salvo excepciones), no tener bienes o derechos superiores a 90.000 € y no ser pariente del arrendador, entre otros.

Aplicación plena en 2021. Para la puesta en marcha del derecho subjetivo a la vivienda mediante alquiler se prevé un calendario gradual en función de la dotación de recursos económicos, materiales y organizativos. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2019 con vigencia plena del EmanZipa y para las familias con menores que lleven al menos dos años de antigüedad en el censo de vivienda a fecha 1 de enero de 2019. En 2020, se amplía el programa a las familias con menores y al menos 2 años de antigüedad en el censo a fecha 1 de enero de 2020. Será en 2021, cuando estén en plena vigencia y aplicación ambos programas.