pamplona - Un total de 1.497 personas eludieron ingresar en prisión en la Comunidad Foral el pasado año a cambio de realizar Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC), de los cuales cuatro de cada diez casos -607- fueron por delitos relacionados con la seguridad vial y el 27,4% de los expedientes para el cumplimiento de esta medida alternativa a la privación de la libertad se correspondieron en 410 casos -27,%- con delitos de violencia de género. Así, el número de casos que tramita el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Navarra se mantuvo en 2019 respecto al año anterior, y sigue una línea ligeramente descendente desde 2015, cuando 1.659 personas cumplieron con trabajos comunitarios en entidades tan variadas como ayuntamientos, asociaciones u ONG.
Asimismo, los datos apuntan que el perfil de la persona que realiza un trabajo en beneficio de la comunidad es el de un hombre -como ocurrió en el 87% de los casos en 2019- y de nacionalidad española, ya que tan solo el 20% de los condenados procedían de países extranjeros.
Respecto a la gestión y el grado de ejecución de estas penas, la memoria del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas recoge que la suma de las 1.026 personas que han finalizado con el programa y las 254 que estaban cumpliendo la condena al finalizar 2019 supone el 85,5% del total de condenados. De esta forma, el número de expedientes abiertos a 31 de diciembre del pasado año ascendió a 471. De ellos, casi el 54% -254- se encontraban en fase de cumplimiento del plan de ejecución establecido por el juez, 148 estaban en proceso de gestión -fueron citados y entrevistados, pero seguían pendientes de recibir el plan-, y otros 69 permanecían a la espera de iniciar el proceso de gestión de la plaza para realizar los trabajos en beneficio de la comunidad.
máximo de 6 meses para empezar los trabajos En el catálogo de plazas para el cumplimiento de los trabajos comunitarios están recogidas unas 300 entidades, pero solo son unas 60 las que colaboran de forma asidua. De esta manera, según apunto el jefe del Servicio de Gestión de Penas y Medias Alternativas, Amador Ruiz, Cruz Roja, la Protectora de Animales de Mutilva, el Comedor París 365, el Banco de Alimentos, Xilema o Cáritas se encuentran entre las organizaciones que ofertan más plazas para realizar estos trabajos. Asimismo, explicaron las mismas fuentes, los propios condenados también pueden proponer entidades que no aparezcan en el catálogo, siempre que no se trate de una empresa que vaya a lucrarse de estos servicios.
Además de la falta de plazas en ayuntamientos de Pamplona y su Comarca, Tudela o Estella que puso de manifiesto Ruiz, también subrayó la carencia de plazas en horario de tarde y fin de semana. "Intentamos compaginar los empleos de los condenados con su obligación de realizar los trabajos. Esta es una tarea complicada porque muchos de ellos solicitan las plazas en los mismos horarios, lo que puede legar a generar listas de espera", explicó.
Entre los compromisos del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas se encuentran el de garantizar que las citaciones para las entrevistas se realizan no más allá de dos meses desde la recepción de la resolución judicial correspondiente. Asimismo, deben asegurar que la entrevistas se lleven a cabo antes de transcurrir dos meses desde la citación, y que la ejecución de los trabajos se inicien, como tarde, otros dos meses después. Aún así, en casos excepcionales, puede llegar a suceder que los tramites de gestión se prolonguen hasta el punto de prescribir el delito. "No es algo que suela pasar, porque en Navarra no tenemos listas de espera. Trabajamos con un procedimiento ordinario de citas pero, cuando llega un delito que prescribe, por ejemplo, en un año, se coloca el primero en la lista para evitar que esto pase", explicó el jefe del servicio.
