La Asociación de Consumidores de Navarra Irache advierte sobre los riesgos en las compras de vehículos de segunda mano, dado el aumento del número de personas que acuden a ellos tras tener problemas con el coche adquirido, que pueden suponer miles de euros.

Así, según una encuesta encargada por Irache, el 46 % de las personas que tienen previsto comprar un coche en los próximos dos años piensa hacerlo en el mercado de segunda mano, de forma que el 44 % de los ciudadanos no se fía de comprar un vehículo usado, un 26 % sí lo hace si conoce al vendedor, un 15 % si conoce el concesionario y otro 15 % se fía si el coche es de un familiar o amigo.

Los afectados generalmente acuden a Irache porque, nada más comprar, a las semanas o a los meses de hacerlo surgen averías o desperfectos en el vehículo. En ocasiones, reparar estos problemas puede suponer un coste que puede superaren ocasiones los cinco mil euros.

Lo habitual es que el comprador quiera que sea quien le vendió el vehículo el que pague la factura, pero el vendedor no siempre se muestra de acuerdo, y a veces afirma que el daño se ha producido con posterioridad a la venta; otras, que es algo normal por el uso y kilómetros que tenía el coche; y en otras ocasiones ni tan siquiera responde.

En todos los casos, habrá que acudir al contrato de compra venta firmado -muchos compradores cometen el error de no firmar ninguno- para ver qué información del vehículo se ha aportado. Cuanto más detallado sea el contrato, más garantías ofrecerá. A partir de ahí, los derechos del comprador varían si se ha adquirido a un concesionario o a un particular.

Irache advierte de que si la venta se ha realizado en un establecimiento, la garantía es de dos años, aunque las partes pueden reducirla a un año en el contrato, una práctica habitual.

En las ventas entre particulares hay que acudir al Código Civil aplicable en el lugar donde se realizó la compra. En Navarra, tras la última modificación del Fuero Nuevo, el plazo para anular la compra -si el problema lo justifica- o rebajar su precio es de un año. En otros territorios de régimen común, de seis meses.