ías después de iniciarse el proceso de fusión que pretendía unir en matrimonio a Bankia y Caixabank, Juan Torres López daba a conocer sus miedos respecto a dicha boda en Público el viernes 25 de septiembre: para él, viene a ser “el último episodio, de momento, del gran expolio al Estado que supuso la última crisis financiera”. Recordaba también que, gracias “al enorme poder mediático de la banca privada se pudo hacer creer que las cajas de ahorro habían fracasado y que debían desaparecer por ser entidades semipúblicas cuando en realidad cayeron (además de por los empujones que les dio el Banco de España) porque habían actuado no como entidades de interés público sino privado”.
En cualquier caso, el penúltimo día de septiembre banqueros, trabajadores bancarios y clientes varios se despertaban con otra noticia, que La Información ofrecía tras este titular: “De la denuncia de UPyD a la absolución: el fin del caso Bankia llega tras 8 años”.
Sorprendentemente, “Un año menos dos días después, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha cerrado el caso con la absolución de todos los acusados”, tal y como se informaba en dicho artículo. Así pues, “En una nueva desconcertante actuación judicial ante un complejo caso financiero, lo que para unos jueces es un engaño a los accionistas, para otros no es nada”, según Carlos Segovia en El Mundo, ese día 29. Como puede comprobarse, los medios conservadores también se sorprenden: “La sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ve delito en los gestores de Bankia presididos por Rodrigo Rato cuando lo que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo consideró probado que dieron información gravemente inexacta a los inversores”, añadía Segovia.
Yago Álvarez Barba, por su parte, había estudiado el caso detenidamente y Hordago le había publicado un sincero artículo ese mismo 29 de septiembre: “Pues ya estaría cerrado el círculo, consumado el expolio. Rodrigo Rato y los otros 33 acusados, entre los que se encuentran Ángel Acebes o Deloitte, han sido absueltos por la Audiencia Nacional del delito de estafa a los inversores y falsedad documental en la salida a bolsa de Bankia”. ¿Cuál era el alcance del desastre para el común de los mortales? “La sentencia de hoy hace esfumarse esa esperanza e inunda de rabia a miles de accionistas, a todas las acusaciones particulares, a miles de familias desahuciadas por el banco mientras veían como 23.000 millones de dinero público se perdían en un saco sin fondo”.
Casi nada… O, más bien, casi todo: “La agrupación lamenta la inaudita, incomprensible y vergonzante postura de Anticorrupción al no recurrir el veredicto, una decisión que, unida a la defección de todas las instituciones, dificulta las opciones de éxito de los recursos que el resto de acusaciones puedan presentar ante el Tribunal Supremo”, trae consigo, según Efe el miércoles 7 de octubre, este asunto. Pero el caso es que, un día después, las distintas agencias recordaban que la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, declaraba ese mismo día como testigo “en relación a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular”. Finalmente, y según “han indicado fuentes jurídicas, Botín ha explicado que mantuvo una relación mínima con sus homólogos del Popular, entidad con la que se hizo el Santander al precio simbólico de un euro tras su resolución por parte de la Junta Única de Resolución (JUR), en junio de 2017”, puede leerse en el diario digital Público ese mismo día.
Feo asunto: a principios de octubre de 2020, buena parte del dinero de todos nosotros estaba siendo centrifugado por las entidades bancarias, mediáticas y políticas más voraces. Y, quizá por ello, “El panorama del sistema bancario ha dado un vuelco entre la pasada crisis y la que estamos sufriendo en la actualidad. Si en la primera recesión, la tónica fue la desaparición de las antiguas cajas de ahorros, en la crisis de la covid son las fundaciones propietarias de aquellas entidades las que han arrancado la anunciada nueva ola de fusiones bancarias”, podía leerse en eldiario.es el día 7.
Diego Larrouy es quien así nos lo hace saber. Dinero público: dinero centrifugado.
