I-E registra una proposición de ley para retirar los conciertos a centros que segregan
Izquierda-Ezkerra ha registrado una proposición de ley para modificar la ley que regula la financiación pública de los centros de iniciativa social que imparten las enseñanzas de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social para "garantizar el cumplimiento de la normativa de escolarización vigente y retirar a los centros educativos privados-concertados que segregan a su alumnado por cuestión de sexo".
En un comunicado, I-E ha señalado que "en la actualidad en Navarra hay centros educativos privados-concertados que están incumpliendo la normativa de escolarización en lo referido a la segregación de su alumnado por cuestión de sexo".
"Determinados centros mantienen al alumnado y al profesorado segregado por razón de sexo en sus aulas tanto en la enseñanza Primaria, Secundaria y bachillerato, contraviniendo la norma y el compromiso adquirido con el Departamento de Educación", ha censurado.
Por ello, la coalición formada por IUN y Batzarre ha registrado en el Parlamento de Navarra una proposición de ley foral de modificación de la ley que regula la financiación pública de los centros de iniciativa social que imparten las enseñanzas de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social.
"Con la modificación de la citada ley pretendemos que estos centros no puedan encontrar un resquicio normativa que les permita seguir recibiendo financiación pública a la par que mantienen a una amplia parte de su alumnado segregado por sexo", ha remarcado Izquierda-Ezkerra.
En este sentido, ha reclamado que "todas las aulas educativas estén libres de discriminación y de segregaciones". Y ha reivindicado que "la calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social debe estas garantizada por las leyes, y evidentemente todo esto resulta incompatible con la financiación pública de estos centros".
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