Trabajadores de la asociación navarra sin ánimo de lucro Sin Fronteras se han concentrado este martes frente al Parlamento para reclamar a la empresa un plan de viabilidad que salve el empleo de la plantilla, alrededor de 130 personas, ya que el cierre anunciado la semana pasada creen que responde a operaciones "de ingeniería financiera, desmantelamiento planificado y deterioro progresivo" para provocarlo.
Como portavoz del sindicato LAB, Oihan Ataun, ha indicado en declaraciones a los periodistas que, según la dirección, Sin Fronteras acumula unas pérdidas de 400.000 euros de los ejercicios de 2020 y 2021 y cerrará 2022 con un negativo de otros 500.000, pero "nunca ha hecho una solicitud de ayuda económica ni un plan, algo que no podemos entender".
Se trata, ha dicho, de un cierre "inexplicable" y planteado "de manera sorpresiva" porque "nunca se nos ha puesto encima de la mesa que las perdidas supusieran un peligro" para la continuidad de la asociación, que de hecho el año pasado concurrió a convocatorias públicas, y ha añadido que además la dirección se ha negado a presentar un plan de viabilidad que garantice el empleo porque "la decisión (de cerrar) ya está tomada".
En espera de una reunión el jueves con el Gobierno foral, Ataun ha recordado que la asociación tiene el centro especial de empleo Arbenia para personas con discapacidad con una plantilla "en peligro" y una parte del resto de trabajadores en programas no adscritos a ninguna administración, aunque a día de hoy no saben cuántos son estos ni cuántos trabajan en programas adjudicados a Sin Fronteras por el Gobierno de Navarra (mayores en situación de exclusión y menores en desprotección) y el Ayuntamiento de Tudela (personas sin hogar) y que darían continuidad al trabajo de quines se encargan de ellos.
Y en este sentido, tras criticar que la empresa no informe sobre "las vías de agua" cuando "muchas personas pueden ver comprometido su puesto de trabajo", ha culpado a la Administración de haber llegado a esta situación "derivada de una política de privatizaciones" de servicios públicos esenciales que "nunca deberían haber estado en manos privadas", por lo que ha pedido su "publificación".
