El Pleno del Congreso rechazó ayer la enmienda a la totalidad planteada por la CUP a la ley impulsada por el PSOE para perseguir penalmente el proxenetismo y sancionar a quienes acuden a la prostitución, por lo que continúa su camino parlamentario con el PP como principal aliado. La enmienda de la CUP, que planteaba un texto alternativo para, entre otras cosas, incorporar el “trabajo sexual” en el epígrafe de trabajos especiales del Estatuto de los Trabajadores, contó con los votos en contra del PSOE y la mayoría de los diputados de Unidas Podemos, el PP y Vox, la abstención del PNV y el apoyo de ERC, En Comú Podem, Ciudadanos, Junts y PDeCAT.

De hecho, los socios de Gobierno fueron críticos con la proposición de ley del PSOE al considerar que provocará más vulnerabilidad a las mujeres que ejercen la prostitución y además tampoco acabará con el problema del proxenetismo ni de la explotación sexual. La CUP parte de la premisa de que criminalizar esta práctica no acaba con ella y solo aumenta la precariedad y la persecución de quienes la ejercen, por lo que la diputada que defendió la enmienda, Mireia Vehí, abogó por proteger a estas mujeres garantizando sus derechos.

“Lo suyo no es abolicionismo honesto, es abolicionismo con fines electorales”, dijo Vehí al PSOE para criticar que en su propuesta no “toquen” la ley de extranjería para regularizar a estas mujeres. Una postura que defendió también Pilar Vallugera, de ERC, quien dijo estar más cerca de ese texto del PSOE, partido al que ha acusado de mirar para otro lado en este tema en los últimos diez años.

Desde el Grupo Plural, las portavoces de Junts y PDeCAT también respaldaron la enmienda. Sofía Castañón, de Unidas Podemos, insistió en que no todo el abolicionismo es prohibicionista y que prohibir sin facilitar el acceso a estas mujeres a condiciones materiales es tan irrealizable como cruel, “porque las víctimas necesitan una alternativa”.

Joseba Agirretxea, del PNV, recalcó que la criminilización no es la vía para acabar con este problema, aunque también disintió con aspectos planteados por la CUP y anunció que propondrá una subcomisión para el estudio de la prostitución desde todas las vertientes, que de “un diagnóstico veraz” de la situación para, posteriormente, legislar en consecuencia.

"Blanqueamiento público"

Ciudadanos apoyó la enmienda de la CUP porque su partido defiende que hay mujeres que ejercen la prostitución con libertad y aboga por reconocer sus derechos y no “legislar” con la moral y sin bajar a la calle, como considera que hacen los socialistas con esta ley. Frente a estas intervenciones, la diputada socialista Laura Berja afirmó que quienes votan a favor de la enmienda de la CUP están “blanqueando públicamente” el proxenetismo y a toda la industria proxeneta. Para Berja, el texto rechazado por el pleno “es un escándalo” y “un despropósito”, porque parte de la premisa de que la prostitución es un trabajo: “No lo es, no hay relación laboral en la explotación sexual de las mujeres”, abundó la socialista.

Regularización

Desde el PP, Miguel Ángel Jerez mantuvo su apoyo a la propuesta del PSOE e instó a los que no lo hacen a plantearse si el consentimiento de las mujeres que ejercen la prostitución es siempre libre y voluntario o está condicionado de manera insalvable por el lucro de terceros. “Este debate no va de si las mujeres que ejercen la prostitución deben afiliarse a la Seguridad Social, va de derechos”, indicó. Vox, por su parte, pidió al PSOE, entre otras cosas, que luchen contra la inmigración ilegal para acabar con este problema.

La CUP, por su parte, buscaba modificar estas medidas y tramitar un texto alternativo que incorporase el trabajo sexual al Régimen Especial del Estatuto de los Trabajadores. La ley de los independentistas catalanes incluye una definición para “delimitar” los conceptos para que se considere servicio sexual al “conjunto de prácticas que se dan en el marco de la prostitución consentida y sin coacción y que están sujetos a una relación mercantil”.

Posturas

De 3 a 6 años

  • Cárcel para los proxenetas. La iniciativa del PSOE recoge la modificación del artículo 187 del Código Penal para que “castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación”. Con este cambio, se impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.

12 a 24 meses

  • Tercería locativa. Además, recupera la tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución; y propone multar a los clientes de la prostitución con multa de 12 a 24 meses, que se eleva a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.

Regular

  • Postura de la CUP. La CUP buscaba tramitar un texto que incorporase el trabajo sexual al Régimen Especial del Estatuto de los Trabajadores.