Miles de personas han participado este sábado en las manifestaciones convocadas en Pamplona y en las tres capitales de la CAV por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, sindicatos y organizaciones sociales que conforman la Carta De los Derechos Sociales de Euskal Herria, así como diversos colectivos y sindicatos que se han adherido, en contra del empobrecimiento social.
La Carta de Derechos Sociales ha exigido este sábado en Pamplona una reforma fiscal que permita evitar nuevos recortes y repartir la riqueza, una demanda en la que afirman que hay un amplio consenso social.
Así se han pronunciado los responsables de ELA y LAB en Navarra antes de comenzar una manifestación convocada por la Carta de Derechos Sociales encabezada por una pancarta en la que se leía "Ante el empobrecimiento, reparto de la riqueza" y en la que se han reclamado mejores pensiones y salarios, calidad en los servicios públicos y una fiscalidad en la que paguen más los que más tienen.
En este sentido el responsable de ELA, Imanol Pascual, ha indicado la perdida de poder adquisitivo de los salarios, el precio de la energía y de los alimentos básicos, y la subida de los tipos de interés están provocando un empobrecimiento de la clase trabajadora mientras las empresas del Ibex 35 y los bandos incrementan sus beneficios, una situación que ha atribuido a una "estrategia compartida entre el Gobierno y la patronal".
Como ejemplos ha citado la subida salarial que para los empleados públicos recogen los Presupuestos de Navarra para 2023, por debajo del IPC, o "la obsesión de la patronal por mantener bloqueada la negociación colectiva", y como alternativa ha defendido la movilización hasta conseguir una reforma fiscal que Chivite a su juicio no quiere acometer porque supondría hacer pagar más a las empresas.
En este mismo sentido, Imanol Karrera, responsable de LAB, ha apuntado que "uno de cada dos ciudadanos vive por debajo del los ingresos necesarios para tener una vida digna y las personas en riesgo de pobreza no dejan de subir", una "situación de emergencia" social que contrasta con las retribuciones en las direcciones de las grandes empresas.
"Los empresarios de la CEN dicen que hay que bajar lo impuestos" y defienden un modelo fiscal que comparte UPN cuando hay "una mayoría social que pide otra fiscalidad y un reparto de la riqueza", ha dicho, por lo que ha emplazado a María Chivite a que "reparta la riqueza en Navarra, no acepte el veto de los empresario y escuche a la ciudadanía" para así "poder tener una vida digna".
Y ha denunciado además que a PSN y Geroa Bai les falta "la determinación suficiente para cambiar las cosas" y tener una fiscalidad "más justa", al tiempo que ha reclamado un control de los precios.
Unas ideas en las que ha incidido la Carta de Derechos Sociales con el manifiesto leído al final de la manifestación en euskera y castellano por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria y Ernai.
En él han denunciado también el precio "desorbitado" de la vivienda, el "deterioro" de los servicios públicos y la "crisis climática", y reivindicado un SMI de 1.400 euros, 1.080 para las pensiones mínimas, el fin de la brecha salarial, una ed publica universal en salud y atención sociosanitaria, y el fin de los recortes en las rentas de inclusión y garantizada.
"Exigimos a los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra que dejen de mirar para otra parte" y garanticen "una vida digna de ser vivida", han reivindicado, y añadido que "es le momento de un cambio de rumbo radical" tanto del sistema como de las políticas públicas.
En Vitoria, la protesta ha arrancado a las 12.00 horas desde la plaza del Artium, mientras que en el caso de San Sebastián y Bilbao las manifestaciones se han desarrollado a lo largo de la tarde.
En el caso de la capital vizcaína, las centrales sindicales han iniciado la marcha pasadas las 17.30 horas del Sagrado Corazón, encabezados por una pancarta con el lema 'Soldata, pentsio eta zerbitzu publiko duinak- Ante el empobrecimiento, reparto de la riqueza'. La protesta ha confluido media hora después con el colectivo de pensionistas, que les aguardaba en la Plaza Moyua tras una pancarta en la que se leía 'Recortes de pensiones no - 1.080 pensión mínima'.
Todos ellos han recorrido las calles del centro de la capital vizcaína para concluir frente al Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto en el que se ha denunciado, entre otras cuestiones, el deterioro de los servicios públicos o los altos precios de la vivienda.
Asimismo, han reclamado incrementos del salario mínimo, pensiones mínimas de 1.080 euros, acabar con la brecha salarial de salarios y pensiones o una red pública universal de servicios sociosanitarios de atención y cuidados.
Asimismo, las organizaciones convocantes han rechazado que la alternativa de los poderes públicos a la actual crisis sistémica sea promover que "unas pocas personas acumulen cada vez más riqueza a costa de empobrecer a la clase trabajadora, reducir los servicios públicos, condenar al trabajo invisible y no reconocido de cuidados a las mujeres, y destruir los ecosistemas y la biodiversidad del planeta".
SINDICATOS
Minutos antes del inicio de la manifestación, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha denunciado el "proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora" y ha reclamado un "profundo cambio en las políticas sociales".
"Queremos defender el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones y exigir unas prestaciones sociales dignas", ha indicado, para añadir que "a medida que aumentan los beneficios empresariales, los trabajadores, pensionistas y las personas que reciben prestaciones sociales son cada vez más pobres".
Asimismo, ha criticado que las instituciones vascas se "nieguen" a afrontar la actual crisis energética y ha abogado por "poner límites al oligopolio de la energía". "Pedimos a los gobiernos de Urkullu y Chivite que se alejen de los poderes económicos y que se pongan del lado de la gente", ha añadido.
Por último, ha solicitado una "profunda reforma tributaria", pese a que tanto el Gobierno vasco como el navarro son "de los pocos que no hablan de fiscalidad en Europa". "Los presupuestos que se han presentado en Iruñea y Gasteiz nos parecen insuficientes e indefendibles", ha concluido.
Por su parte, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha denunciado el aumento de la población que vive "en situación o riesgo de pobreza" y ha advertido en que solo "la organización y la lucha pueden revertir la situación".
Tras denunciar que las reformar que han "legalizado la precariedad han multiplicado a las patronales la posibilidad de explotar a los trabajadores", ha incidido en que la última reforma laboral "no ha recuperado derechos". "Tampoco hay políticas fiscales y presupuestarias redistributivas y se está dando una destrucción de los servicios públicos", ha añadido, al tiempo que ha lamentado que "en sanidad pública faltan inversiones".
"Las políticas públicas clasistas exigen un cambio de rumbo de fondo. Por parte de los gobiernos y los partidos sistémicos no hay decisión ni voluntad de impulsar políticas públicas que pongan en el centro la vid digna de la ciudadanía", ha concluido.
