La huelga de los letrados de Justicia en Navarra impide tramitar 2.000 escritos y suspende juicios

Según los letrados, en torno al 50% de los órganos judiciales de Navarra (con mayor incidencia en Pamplona, 78% a nivel nacional) "han quedado totalmente paralizados por el seguimiento de esta huelga". Los Letrados de la Administración de Justicia, en su calidad de directores de la oficina judicial y detentadores de la fe pública judicial, no están dando curso a las nuevas demandas ni denuncias, ni tramitando las que ya existían en todas las jurisdicciones (civil, penal, social y contenciosa).

Suspensiones en todo tipo de procedimientos

De esta manera, según aseguran, su paro está provocando la suspensión de cientos de juicios, divorcios, admisión de demandas, declaraciones, otorgamientos de poderes gratuitos, notificaciones de sentencias, recursos, tasaciones de costas, cancelación de antecedentes penales, Órdenes Europeas de Investigación, más de un millón de euros pendientes de pago, etc. Los escritos pendientes de tramitar ya superan los 2.000 solo en Pamplona.

Se encuentran de huelga los letrados de tres de los cinco juzgados penales de la capital navarra, cuatro de los seis que trabajan en juzgados de Instrucción y Violencia sobre la Mujer, cuatro de los siete de Primera Instancia, dos de tres de Familia, los dos que trabajan en los juzgados de lo Mercantil, los cuatro de los juzgados sociales, dos de las tres secciones de la Audiencia y tres de los juzgados mixtos de Tudela y Aoiz. En total, por tanto, seguirían el paro 24 letrados de Justicia.

Servicios mínimos en torno al 30% de la plantilla

De esta manera, afirman que "aunque los jueces dicten resoluciones, las mismas no pueden ser ni notificadas ni cumplidas/ejecutadas en tanto el Letrado de la Administración de Justicia esté de huelga ya que ningún documento puede salir del juzgado sin la firma del Letrado de Justicia. Esto afecta en gran medida al trabajo del resto de los funcionarios (cada Letrado de Justicia dirige unos 8-10 funcionarios, según el órgano).

Los letrados de Justicia señalan que "se han impuesto unos servicios mínimos en torno al 30% de la plantilla, que afectan íntegramente a los juzgados de guardia y Violencia sobre la Mujer (penal), así como a todas las causas con preso, con menores y a cualesquiera en las que existan medidas cautelares o que afecten a derechos fundamentales".

Diversos diputados, colegios de abogados y otros colectivos del país, así como algunas consejerías de Justicia de distintas comunidades autónomas son conscientes de la afectación de esta huelga al Servicio Público de Justicia. Por ello, reclaman del Ministerio que abra un cauce de diálogo. Este, sin embargo, se ha negado rotundamente, contraviniendo la propia normativa de huelga, en una actitud irresponsable ante los inmensos perjuicios que recaen sobre la ciudadanía cada día que pasa.

El conflicto planteado data del año 2009, cuando se atribuyó a los Letrados de la Administración de Justicia una serie de nuevas funciones, posteriormente incrementadas, que descargaron a los Jueces de estas funciones para que se centrasen en dictar sentencias y resolver recursos. Debido a la crisis de aquel momento, la lógica y correspondiente actualización salarial de los Letrados de Justicia no se llevó a cabo durante más de diez años.

En 2020 se acordó por ley nuestra adecuación salarial. En el momento de cuantificarla, su escandalosa insuficiencia, pactada con los sindicatos generalistas, provocó huelgas, que culminaron en abril de 2022 con una serie de compromisos entre los Letrados de Justicia y el Ministerio de Justicia. Sin embargo, este Ministerio se niega a cumplir estos compromisos, y lo que es más, a reconocerlos a pesar de estar publicados por el Ministerio, por lo que no nos ha dejado más salida que esta huelga indefinida.