La Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP) asegura que la modificación de la Ley Foral de Vivienda aprobada por el Parlamento de Navarra impide que la iniciativa privada continúe desempeñando un papel imprescindible en la promoción de vivienda protegida de alquiler en la Comunidad Foral.
Según los datos recopilados por la asociación entre las empresas promotoras afectadas, la nueva normativa impide la puesta en alquiler de 373 viviendas de protección oficial cuya entrega estaba prevista entre 2027 y 2029.
Para ACP, esta cifra pone de manifiesto que la reforma, lejos de incrementar la oferta de vivienda asequible, reducirá de forma inmediata el número de nuevas viviendas protegidas de alquiler disponibles en los próximos años.
ACP considera que la reforma altera de forma sustancial las condiciones económicas y jurídicas bajo las que se habían planificado estas promociones. En la práctica, la nueva normativa elimina los incentivos mínimos necesarios para que la iniciativa privada pueda seguir promoviendo vivienda protegida en alquiler, expulsando del sistema a los promotores locales que hasta ahora han contribuido a ampliar este parque residencial.
La asociación recuerda que una parte mayoritaria del parque de vivienda protegida en alquiler existente en Navarra ha sido promovida por empresas navarras. Gracias a ello, miles de familias han podido acceder durante décadas a una vivienda en alquiler protegido.
ACP destaca, además, que, una vez finalizados los periodos de protección de las promociones, los promotores navarros han actuado siempre con responsabilidad evitando situaciones de incertidumbre o desprotección.
La asociación lamenta que una medida concebida para reforzar la estabilidad y permanencia del parque de vivienda protegida, y aprobada sin diálogo con el sector y de manera apresurada, termine produciendo el efecto contrario al perseguido: reducir la promoción de nuevas viviendas protegidas de alquiler haciendo inviable la participación de la iniciativa privada, precisamente cuando la demanda alcanza niveles históricos.
ACP, como asociado de CEN y miembro del comité ejecutivo, en todo momento ha compartido esta preocupación con la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), quien subraya que la modificación normativa introduce incertidumbre y afecta a decisiones empresariales ya adoptadas. Desde CEN se considera imprescindible preservar un marco de estabilidad y seguridad jurídica que permita seguir impulsando la inversión y la actividad empresarial, por lo que reitera su apoyo al conjunto del sector y la necesidad de abrir espacios de diálogo que garanticen soluciones equilibradas y sostenibles.
ACP considera, además, que esta decisión transmite un mensaje preocupante a quienes apuestan por invertir a largo plazo en Navarra. Modificar con efectos retroactivos las condiciones sobre las que se han ejecutado inversiones muy relevantes genera incertidumbre y debilita la confianza de los operadores.
ACP considera imprescindible revisar la reforma aprobada y abrir de forma urgente un diálogo con el sector para corregir sus efectos sobre las promociones previstas. La protección de los inquilinos, la seguridad jurídica y la ampliación del parque de alquiler protegido deben ser objetivos compatibles, no excluyentes.
