El Observatorio de Derechos Lingüísticos-Behatokia de Kontseilua constató en su informe de situación de 2022 que el uso del euskera sigue “limitado y obstaculizado”, por lo que reclamaron una mayor protección legal de los derechos lingüísticos de los vascohablantes.
Así lo expuso la directora de este Observatorio, Agurne Gaubeka, durante la presentación del informe “Situación de los Derechos Lingüísticos 2022” (’Hizkuntza Eskubideen Egoera 2022’), que recoge las vulneraciones de derechos lingüísticos que se produjeron durante ese año en todos los territorios donde se habla euskera y en áreas como la administración pública, la sanidad, educación y servicios privados.
Una de las principales conclusiones del estudio fue que “sigue estando lejos de normalizarse el reconocimiento y la garantía de hacer efectivos los derechos lingüísticos” de los vascohablantes en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
El Gobierno de Navarra y el Vasco fueron las instituciones que más quejas recibieron en 2022, aunque también fue notable el número de las recibidas por los ayuntamientos vizcaínos.
Agurne Gaubeka enfatizó que “garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía y dar pasos hacia la normalización del euskera es responsabilidad social de todas las empresas, entidades e instituciones” y destacó la necesidad de destinar “recursos efectivos” para que las administraciones públicas tengan “plena capacidad para funcionar en euskera con normalidad”.
En este sentido, consideró que “la falta de medios y medidas para aprender y trabajar en euskera también afecta negativamente”, por lo que reclamó una “mayor protección legal” de los derechos lingüísticos de los euskaldunes.
El informe recoge que en 2022 el Observatorio recibió un total de 1.071 incidencias a través del Teléfono del Euskara que ofrece Behatokia, de las que 976 fueron quejas, 54 felicitaciones y 41 consultas o sugerencias.
Así, el estudio refleja un ligero descenso en el número de quejas recibidas en relación el año anterior, circunstancia que atribuyeron al hecho de que “muchos ciudadanos han tenido reparos en solicitar sus servicios en euskera por miedo a retrasos u otros perjuicios colaterales, sin identificarlos como una vulneración de sus derechos”.
Aunque la mayoría de las quejas se refieren a las administraciones públicas de Euskadi y Navarra y a los ayuntamientos de Bizkaia, especialmente, en el sector privado, los grandes centros comerciales fueron los que acumularon un mayor número de reclamaciones.
Los responsables del Behatokia, entidad dependiente del consejo de las organizaciones sociales del euskera, Euskalgintzaren Kontseilua, que reúne a las 30 principales organizaciones y agentes que trabajan en favor de la normalización de esta lengua, anunciaron que analizarán el impacto de las sentencias judiciales contrarias a la exigencia de determinados perfiles de euskera para algunos puestos de trabajo públicos.
