Safia Jan Mohammad llevaba más de dos décadas ejerciendo como jueza de la sección de Violencia de Género en Kabul cuando los talibanes se hicieron con el control de Afganistán en agosto de 2021. Las imágenes de miles de personas agolpadas a las puertas del aeropuerto de la capital del país para huir del régimen talibán que se avecinaba dieron la vuelta al mundo.
Cuatro de esas personas eran Safia, su marido y sus dos hijos de 12 y 15 años, que tras la caída de Kabul cogieron lo imprescindible, abandonaron su casa y corrieron al aeropuerto huyendo de una muerte segura: “Si no llego a escapar de Afganistán, estaría muerta, y mi familia también. Yo y mi marido éramos jueces y los talibanes una de las primeras cosas que hicieron fue abrir las prisiones y sacar a todos los presos. A muchos de ellos los habíamos encarcelado nosotros y seguro que se hubiesen vengado”.
Al poco de que la familia llegase al aeropuerto, controlado por fuerzas de EEUU y la OTAN, se produjo el atentado yihadista que dejó decenas de muertos, “fue un horror”, recuerda Safia, que relata que ella y sus dos hijos consiguieron subirse a un avión rumbo a Turquía, pero su marido no. “Él tuvo que quedarse aunque consiguió salir 6 meses después y gracias a la ayuda de la Asociación de Juezas de Turquía y la de España conseguimos venir a España”, indica.
Llegaron a Guadalajara en febrero de 2022, tras medio año de odisea huyendo del horror, y permanecieron en acogida unos meses hasta que en verano se trasladaron a Pamplona, donde viven actualmente. “Ahora estamos a salvo en Pamplona, y muy contentos, pero la migración forzosa es algo muy doloroso, algo que no olvidaré nunca”, sostiene Safia.
Las dificultades de la acogida
Esta jueza de 48 años denuncia que al drama migratorio se suma una retahíla de dificultades y obstáculos a los que los refugiados tienen que hacer frente: “Primero hay que tener en cuenta que muchos no llegan, que se quedan por el camino, y que otros acaban secuestrados por mafias de tráfico de personas. Pero los que llegamos nos enfrentamos a muchos problemas. En mi caso, por ejemplo, no tengo una homologación para ejercer como jueza y tampoco encuentro trabajo de otra cosa. La ayuda que nos dan para comer es de 290 euros al mes, es decir, 2,4 euros por persona al mes, ¿qué comemos con ese dinero?”.
En ese sentido, Safia agradece a CEAR y al resto de asociaciones “toda la ayuda que nos han brindado” y reclama al Gobierno de España “que cambie sus políticas y que, por favor, haga los cambios necesarios para que se respeten los derechos humanos de las personas refugiadas”.
