No ha sido un año fácil en Justicia, y menos para los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de las huelgas que llegaron a ralentizar el sistema judicial, al que se le empiezan a sentir las costuras. Decenas de navarros vieron suspendidos sus juicios debido a los paros que iniciaron a comienzo de año los letrados de la Administración de Justicia que, al cabo de dos meses consiguieron una mejora salarial, continuaron los funcionarios del sector hasta el pasado mes de julio. Ahora, se han conocido las cifras de la estadística judicial afectadas por dichas huelgas, que muestran que en algunas jurisdicciones se ha acumulado papel de lo lindo y va a haber trabajo extra para resolver para unos cuantos meses. Es decir, se ha disparado, como ha ocurrido en Navarra, la tasa de pendencia, hasta un 34,4% más que en el mismo periodo del año anterior (segundo trimestre, de abril a junio). Este año había pendientes a 30 de junio un total de 28.049 procedimientos en los juzgados navarros, mientras que en 2022 eran 20.858. La jurisdicción que más causas acumula es civil (que se encarga de asuntos económicos y de Familia, reclamaciones bancarias por ejemplo o cláusulas suelo) que sumaba 13.639 casos, por 9.837 que había en Penal (donde se juzgan los delitos), 3.628 casos en lo Social (en este orden se juzgan incapacidades, reclamaciones a la Seguridad Social o despidos, todo lo relacionado con la material laboral) y existen 945 procesos pendientes en lo Contencioso-Administrativo (pleitos contra cualquier Administración).
Un indicador de posibles retrasos
Dicha tasa es la resultante del número de causas que quedan pendientes al final de ese periodo tras analizar las que se han ingresado y las que se han podido resolver en esos meses. Este indicador motivará que las resoluciones que estén por llegar acumulen en ciertos casos importantes retrasos, así como las vistas orales y señalamientos para juicios que se retrasarán en el tiempo por la pendencia acumulada.
Los órganos judiciales navarros resolvieron 18.370 asuntos entre los meses de abril y junio un 2,8% más que en el mismo periodo de 2022, según el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2023, difundido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, los juzgados y tribunales registraron un total de 18.654 asuntos frente a los 18.282 incoados en el mismo periodo de tiempo del año anterior, lo que arroja un ascenso del 2%. En el mismo trimestre resolvieron 18.370 procedimientos (17.866 en 2022), y quedaron en tramitación un total de 28.049 (20.858 hace un año), lo que significa el aumento ya citado del 34,4% de asuntos pendientes.
El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de toda España, que en total sumaron 1.816.522, experimentó durante el segundo trimestre del año un incremento interanual del 7,7%. La tendencia fue al alza en todos los órdenes jurisdiccionales: en la jurisdicción civil, el incremento fue del 15,4% con respecto a los asuntos registrados en el segundo trimestre de 2022; en penal, del 1,5%; en contencioso-administrativo, del 5,8% mientras que en lo Social subió el 6,3%.
El CGPJ habla de elementos distorsionadores
En el trimestre analizado que se corresponde con los meses de abril a junio de este año se han juntado dos elementos “distorsionadores”, cuyos efectos “no han sido homogéneos en los distintos territorios”.
Por una parte, en algunas comunidades autónomas se ha producido la admisión masiva de procedimientos que habían quedado pendientes como consecuencia de la huelga de letrados de la Administración de Justicia que tuvo lugar en el primer trimestre de 2023, lo que ha causado un incremento mayor en el ingreso de asuntos. Al mismo tiempo, y con más incidencia en unos territorios que en otros, la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia del segundo trimestre del año ha provocado una retención de procedimientos que han quedado sin repartir en los servicios comunes de registro y reparto, lo que ha incidido en una disminución del ingreso.
Asuntos por especialidades
En Navarra, en civil, el número de demandas ingresadas entre abril y junio alcanzó las 6.834 (6.795 en el mismo periodo de 2022), un aumento interanual del 0,5%. En esta jurisdicción se resolvieron 6.889 procesos (6.707), un ascenso del 2,7% respecto al mismo trimestre del año anterior, y quedaron en trámite 13.639 (10.588), esto es, un ascenso del 28,8%.
En la jurisdicción penal se incoaron 10.176 procedimientos (9.373 en el mismo periodo del año anterior), un incremento del 4,1%, se resolvieron 9.815 (9.216), un 6,5% más, y quedaron pendientes 9.837 (6.688), lo que supone un incremento del 47%.
Asimismo, en la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 432 nuevos pleitos (507 en el periodo análogo del año anterior), esto es, una reducción del 14,7%; se resolvieron 397 (497), un descenso del 20,17%; y quedaron pendientes 945 (813), un 16,2% más que en el segundo trimestre de 2022.
Por último, en Social los litigios ingresados ascendieron a 1.212 (1.607 en el mismo periodo del año anterior) -un descenso del 24,5%-, se concluyeron 1.269 (1.446) -un decremento del 12,2%-; y quedaron en trámite 3.628 (2.769), esto es, un aumento del 31%.
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 37,8 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (47,9), Cataluña (42,6), Baleares (39,8), Andalucía (39,2), Madrid (38,6) y Comunidad Valenciana (38,4). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (26), La Rioja (27,3) y Navarra (27,8).
