La medida aprobada por el Gobierno no fue del agrado de las universidades y así se lo transmitió la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades españolas, a la que pertenecen la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra. Responsables de ambos centros creen que el procedimiento implantado es “mejorable” y critican la enorme carga burocrática que genera la gestión administrativa de estas prácticas así como el sobrecoste económico que deben asumir ante la negativa de las empresas.
La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento de la UPNA, Cristina Bayona, se muestra crítica con la medida. “Las prácticas curriculares son una parte formativa, una asignatura más dentro de una titulación universitaria. Si por el resto de asignaturas no hay que dar de alta al alumnado en la Seguridad Social no entendemos por qué en el caso de las prácticas, sí”, reflexiona.
Dicho esto y sabiendo que deben asumir la decisión aunque no la compartan, la vicerrectora considera que el procedimiento adoptado podría haber sido “más sencillo” que el planteado. “Va a generar mucha burocracia y desigualdades entre el alumnado por el simple hecho de cursar titulaciones diferentes”, afirma Bayona.
“Genera mucha burocracia y desigualdades entre el alumnado y un coste extra para la UPNA de unos 60.000€”
Este proceso involucra a varios agentes dentro de la Universidad, tanto al alumnado como a los responsables de prácticas, tutores académicos, unidades administrativas, secretaría técnica... “De la tarea de dar de alta y de baja en la Seguridad Social y comunicar los días de cotización se va a encargar la Fundación de la UPNA, con experiencia en la gestión de las prácticas remuneradas”, explica la vicerrectora. Ahora bien, tal y como puntualiza Bayona, “el volumen de carga va a ser muy superior y el procedimiento no es exactamente el mismo”. De ahí que la UPNA haya tenido que desarrollar una nueva aplicación informática y dedicar parte de recursos humanos.
Además de la gestión administrativa, la UPNA tendrá que costear ese 5% de la cotización de la que no se encarga ni la Seguridad Social ni las empresas. “Al finalizar el año sabremos el coste de esta medida pero calculamos que serán unos 60.000€”.
Aparcar otros proyectos
La Universidad de Navarra también ha tenido que destinar “recursos extraordinarios” para los desarrollos técnicos del proyecto y, en consecuencia, se han tenido que aparcar otros que estaban planificados este curso. “Llevamos trabajando desde junio. Se creó un equipo multidisciplinar que implica a varios servicios de la UN. Su objetivo ha sido hacer un proceso lo más automatizado posible que permita, por un lado, comunicarse con los estudiantes y recabar toda la información que necesitamos para los trámites con la Seguridad Social, y por otro, comunicarse con la Seguridad Social desde la propia Universidad”, explica Alfonso Vericat, director del servicio de Prácticas y Empleo de la UN, que añade que “el cambio afecta a la tramitación de la documentación. Lo que antes era un único proceso ahora son dos, paralelos y simultáneos”.
“El fondo de la norma es positivo al adelantar la edad de cotización pero el proceso de cómo cotizar es mejorable”
A su juicio, el fondo de la norma es “positivo” porque se adelanta la edad de cotización. “Lo que es mejorable es cómo hacerlo. En vez de cotizar una cantidad fija al mes por práctica, que sería lo más sencillo, esta norma obliga a la empresa y/o a la universidad a comunicar a la Seguridad Social sólo los días efectivos que el estudiante ha hecho de prácticas, y cotizar sólo por ellos. Eso implica una carga burocrática muy grande y un control que, en muchos casos, es casi imposible”, afirma Vericat. A esa carga se le suma el sobrecoste económico “ya que el 98% de las empresas no han querido hacerse cargo”.
En UNED Pamplona, el número de estudiantes beneficiados es mucho menor (50-60), la mayoría de Psicología, Educación Social, Pedagogía y Máster de Secundaria. La gestión es compartida con sede central y el gasto económico lo asumen en Madrid.
Posible efecto retroactivo
Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que antiguos becarios suscriban un convenio especial para cotizar periodos de formación realizados entre 2019 y 2023. Ahora bien, esta parte está pendiente de negociación y de desarrollo normativo.
