Las sociedades de cazadores, molestas con las pretensiones del Gobierno de Navarra

La noticia saltó a la palestra hace un par de semanas, cuando el Servicio Forestal y de Gestión Cinegética, capitaneado por Fermín Olabe, convocó a la Comisión Asesora de Caza para presentarle el primero de los bloques de la futura Ley Foral de Gestión Cinegética, la norma que tomará el relevo a la Ley Foral 17/2005, del 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra. Como se recuerda, el Gobierno regional se marcó como parte de su línea estratégica para esta legislatura fomentar un clima de máxima colaboración con el sector cinegético, incluyéndolo en la toma de decisiones. De este modo, en la elaboración de la nueva ley se ha planteado que el citado departamento vaya trasladando a los cazadores el contenido de una serie de bloques, otorgándoles un tiempo para que lo estudien y expongan sus propuestas u objeciones. No obstante, como se ha manifestado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo, la Comisión Asesora de Caza es un órgano caduco, cuya opinión, no vinculante, rara vez es tomada en cuenta.

En la presentación del primer bloque, que aborda la ordenación y la gestión, el colectivo cinegético se encontró con que el Gobierno foral intenta eliminar la capacidad de las sociedades de cazadores para elaborar sus propios planes cinegéticos. En Navarra, alrededor del 90% de los cotos son de titularidad pública (ayuntamientos, en la mayoría de los casos) y se gestionan a través de estas sociedades de cazadores. Entre los objetivos del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente está que esos planes sean licitados por el Ejecutivo, que detallará al personal técnico contratado para su redacción los criterios que deba seguir (en teoría, con la participación de la entidad local correspondiente).

Nada más conocer este movimiento, que fue avanzado por la Federación Navarra de Caza (FNC) en un curso organizado en Pamplona por la Real Federación Española de Caza y la Fundación Artemisan para cooperar en muestreos más fiables de conejos y perdices, diversas sociedades de cazadores se pusieron en contacto con la FNC para reclamar que la entidad que vela por los derechos de los cazadores en Navarra muestre su más firme y clara oposición a esta proposición del Gobierno de Navarra. De igual modo, solicitaron que se preparen alternativas que impidan que estas asociaciones pierdan su capacidad de gestionar los cotos de los que se ocupan.

En esas comunicaciones, se escucharon acusaciones graves, como la de tachar la acción del Gobierno foral de demagogia y populismo, al proyectar la medida como una actuación para favorecer la economía de las asociaciones de cazadores, que ya no tendrían que pagar los costes de los planes cinegéticos. Muchas de estas sociedades ven claro cuál es el propósito que está buscando el Ejecutivo navarro: borrar de un plumazo la participación de los cazadores en el diseño de las estrategias de gestión cinegética en los acotados. En opinión del sector, esta disposición dejaría preguntas peliagudas en el aire, como la de qué sentido tendría entonces asumir la gestión del coto y su aprovechamiento, si ya no se va a tener la capacidad para llevar a cabo acciones concretas.

El resultado, a juicio de las sociedades de cazadores, será que los enfoques de la gestión dependerán en exclusiva del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que obligará a los cazadores a proceder de una determinada manera. Eso sí, sin olvidar que los daños ocasionados por la fauna cinegética y la responsabilidad civil seguirán estando a cargo de esas asociaciones. Entre las suposiciones del colectivo cinegético está que el Gobierno de Navarra pondrá el foco de las prohibiciones y vedas en especies como la perdiz, la liebre o la malviz, que no generan perjuicio alguno a la Administración, mientras que reclamará a los cazadores que continúen ocupándose de las especies que, debido a sus sobrepoblaciones, sí que pueden ser perniciosas para la sociedad y la naturaleza, como el jabalí, el conejo o el corzo. Como las sociedades de cazadores ya no podrán gestionar los aprovechamientos cinegéticos de sus acotados, el sector considera que la propuesta del Gobierno foral supone la antesala del final de la caza de las primeras especies.

Por otro lado, la FNC recibió quejas por la forma de actuar del Servicio Forestal y de Gestión Cinegética, ya que, ante la promesa del Ejecutivo navarro de poner en práctica un enfoque participativo, el resultado ha terminado siendo que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente acudió a la cita con los cazadores con unos proyectos muy marcados, exhibidos, además, ante un organismo, la Comisión Asesora de Caza, cuya capacidad de decisión se ha demostrado nula durante los últimos años.

El primer bloque de la futura ley de caza contenía asimismo la sugerencia de una nueva estructura de cotos, nacida al eliminarse la extensión mínima actual de 2.000 hectáreas. Para los cazadores, la idea de que cada entidad local pueda establecer un coto en sus terrenos generará problemas en espacios donde, hasta ahora, no se han registrado demandas de actuación en ese sentido. En muchos acotados navarros están agrupados varios concejos, y que alguno de ellos pudiera formar un coto propio, movido únicamente por intereses económicos y sin ningún criterio medioambiental, ocasionará conflictos que, en la actualidad, son inexistentes.

Por último, las sociedades de cazadores ven en la vigencia indefinida para los cotos, en la supresión del desarrollo normativo de la ley de caza o en la fijación de una única disposición general de vedas también de carácter indefinido (tres medidas presentadas en el encuentro del Gobierno foral con la Comisión Asesora de Caza), el deseo del Servicio Forestal y de Gestión Cinegética de evitarse papeleo y trabajo, sin aportar beneficios claros para el medioambiente. Además, al adoptarse los futuros cambios que haya que tomar a través de resoluciones, el Departamento de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente no tendría ni que convocar reuniones de trabajo ni que abrir comisiones, por lo que sus decisiones se impondrían sin cortapisas. Y ese comportamiento, en opinión de los cazadores, no concuerda con el clima de participación prometido por el Gobierno de Navarra.