La extensión de la carrera profesional a 3.303 sanitarios tendrá un coste de 11,2 millones

La carrera profesional es ya una realidad para todo el personal sanitario de Osasunbidea. El pleno del Parlamento de Navarra aprobó ayer –con el apoyo de todos los grupos, a excepción de Vox, que votó en contra– el proyecto de ley foral por la que se extiende el sistema de carrera profesional al personal sanitario de los niveles C y D adscrito al departamento de Salud y sus organismos autónomos. Son 3.303 trabajadores –técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería, celadores, técnicos de radiodiagnóstico, de farmacia, de laboratorio, etc.– los que se van a beneficiar de esta medida, que va a suponer un desembolso de 11,2 millones de euros y que va a permitir que todos los sanitarios de Osasunbidea tengan ya reconocida la carrera profesional.

Se trata de una reivindicación que los sindicatos vienen reclamando desde hace años y a finales de abril de este año la Mesa Sectorial de Salud aprobó al proyecto de ley –con el apoyo de LAB, USAE, UGT y Afapna, mientras que votaron en contra CCOO, ELA y el Sindicato Médico y Satse se abstuvo– y a finales de julio el Gobierno foral también dio luz verde a la medida. Ayer se consumó el último paso con la aprobación en la Cámara foral que va a permitir que los 3.303 trabajadores tengan reconocida la carrera profesional desde este año, de los cuales 3.259 son sanitarios de los niveles C y D de Osasunbidea y 44 del Instituto de Salud Pública y Laboral. De esta manera, en Osasunbidea se quedarían fuera de la carrera profesional los trabajadores no sanitarios –administrativos, informáticos, personal de limpieza, de servicios centrales, etc.–, que suponen alrededor del 40% de la plantilla de Osasunbidea.

No obstante, este año el reconocimiento de la carrera profesional va a afectar a 2.613 profesionales de los distintos niveles ya que son necesarios cinco años para acceder al primer nivel en el que se puede cobrar dicha remuneración.

Acreditación de conocimiento

Al igual que en la regulación de la carrera profesional de los niveles A y B –profesionales facultativos, especialistas y enfermeras, entre otros–, dentro de la carrera profesional se tendrán en cuenta conocimientos tanto en relación con la obtención de las titulaciones oficiales sanitarias y otras titulaciones relacionadas con el puesto, como la acreditación del conocimiento de euskera y de otros idiomas comunitarios. Además, se valorará la experiencia en el puesto y el cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual prestan sus servicios.

Este año, el 50%

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, durante su intervención en el Parlamento destacó que esta ley llega “meses después de un gran trabajo”, basado “en el consenso” y “respondiendo al compromiso adquirido a nivel sindical y a nivel legal”. Si bien destacó que “para muchos llega más tarde de lo que se pretendía”, subrayó que para el Ejecutivo “es un logro”. Algo “justo, algo prometido y algo hoy cumplido”, aunque ahora “algunos quieran algo más ambicioso”.

Una vez implantada por completo, a partir de 2027, explicó Domínguez, esta medida supondrá para el Gobierno de Navarra una inversión de 11,2 millones de euros. Para este año se prevé abonar el 50%, es decir, unos 5,6 millones de euros. Tras añadir que la implantación de la carrera profesional para los trabajadores sanitarios “va más allá del abono de un complemento en su nómina”, puso en valor que se trata de “un instrumento para fomentar la motivación del personal y la mejora de la calidad de los servicios y representa un derecho de los trabajadores”.

Para el resto de funcionarios

En cuanto a extender la carrera profesional más allá de los sanitarios, algo que ahora reclaman los sindicatos, el consejero señaló que “podemos tener intención o compromiso en ampliar la carrera profesional, pero conlleva recursos económicos con los que tenemos que contar para adquirir un compromiso firme, y no lo podemos hacer si somos responsables y consecuentes con nuestras promesas”. En este sentido, expuso que el resto del personal que no es sanitario, al ser funcionarios, “se rigen por la normativa establecida a nivel foral desde Función Pública”.

“Este grupo ya forma parte de los trabajos de la elaboración del nuevo Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas que está desarrollando la Dirección General de Función Pública junto a los sindicatos de la Mesa General, en virtud de la ley que establece una propuesta de marco normativo para regular la carrera profesional en función de lo que permitan las disponibilidades presupuestarias. Por lo tanto, ya ha comenzado el proceso para que esta cuestión sea una realidad”, sentenció Domínguez.