El novio de Ayuso declara que paga 5.000 euros al mes de alquiler por un ático sobre su piso
González Amador desvela ante la jueza que fue su asesor fiscal quien compró el inmueble en su edificio y le hizo un contrato de alquiler con opción a compra
El empresarioAlberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado ante la jueza que su asesor fiscal compró el ático situado encima de su casa y que le hizo un contrato de alquiler con opción a compra por 5.000 euros al mes.
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González Amador ha declarado este jueves ante el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid como investigado por presunta corrupción en los negocios en sus relaciones empresariales con la empresa Quirón Prevención S.L, y ha negado haber pagado una comisión de casi medio millón de euros a la mujer de un directivo de esta mercantil.
Pero el fiscal no solo se ha interesado por sus negocios con Quirón; también se ha centrado en el ático situado encima del piso donde vive con la presidenta madrileña y que fue adquirido por el abogado Javier Gómez Fidalgo, que fue quien le asistió en la inspección tributaria de Hacienda a González Amador, que acabó en una investigación penal por presunto fraude al fisco.
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Recientemente, la magistrada Inmaculada Iglesias imputó a Gómez Fidalgo al considerar que podría ser cooperador necesario de los delitos fiscales que imputa a la pareja de Díaz Ayuso, y le citó a declarar el próximo 6 de mayo.
Según informan a EFE fuentes jurídicas, el empresario ha negado cualquier irregularidad en torno a dicho ático, y ha explicado que paga por él 5.000 euros al mes.
Ha relatado que, cuando estaba buscando piso en el distrito de Chamberí, se enteró de que el ático también podría estar en venta. Era propiedad de una mujer que vivía en una residencia y sus hijos tenían interés en vender, pero le dijeron que todavía no era el momento.
Tiempo después, cuando González Amador ya había adquirido su piso, uno de los hijos le comunicó que el ático ya estaba en venta, si bien en ese momento, según su versión, el empresario tenía una hipoteca y no disponía de suficiente liquidez, señalan las fuentes consultadas.
Según ha contado, entonces el empresario ya tenía una relación fluida con el abogado fiscalista que le asesoró en la inspección tributaria y, como él tenía una sociedad patrimonial -Babia Capital SL- dedicada a comprar inmuebles, le ofreció adquirir el ático a cambio de que él le pagase un alquiler con opción a compra.
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González Amador ha explicado que pactaron un precio de venta beneficioso para ambos y un alquiler de 5.000 euros mensuales, y ha negado que se haya hecho ninguna obra en el inmueble.
DOCUMENTA ANTE LA JUEZA SUS INGRESOS EN QUIRÓN
En su declaración González Amador ha documentado ante la jueza con detalle y "total transparencia" los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y ha negado su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda, han informado fuentes jurídicas.
Además, el empresario ha señalado que la inspección fiscal de Hacienda "jamás" pidió los contratos de distribución de la empresa 'Círculo de Belleza', adquirida por medio millón de euros a la mujer de un directivo de Quirón Prevención en el marco de una operación objeto del procedimiento judicial.
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En su comparecencia, solo ha contestado a la jueza, a sus letrados y al fiscal, negándose responder a las preguntas de las acusaciones populares por consejo de sus letrados. La defensa ha solicitado la expulsión del PSOE y Más Madrid del procedimiento judicial.
NO DECLARÓ
El novio de Ayuso compareció el pasado 24 de febrero ante la magistrada como investigado en la pieza principal, si bien se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que este recurso se resolviera al afectar a la causa que se instruye por dos delitos fiscales.
Los magistrados estimaban que en el presente "momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal".
"Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", señalaban los jueces.
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La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos" del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.
Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.
NUEVOS DELITOS
La pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L y su cliente Quirón Prevención S.L".
La resolución analizaba "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".
La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención".
Entiende que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020".
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