Un total de 16.758 unidades familiares distintas fueron beneficiarias de la Renta Garantizada en 2024, una ayuda que dio cobertura a un total de 36.249 personas en la Comunidad Foral, de las que dos de cada cinco fueron menores de edad. Así se desprende del balance de esta prestación elaborado por el Gobierno de Navarra, en el que se refleja una estabilidad de las familias perceptoras con respecto a 2023 (16.384), después del descenso registrado tras la pandemia, cuando se llegaron a alcanzar las 18.366 unidades perceptoras en 2021.
Cabe recordar que en 2023 cambió la normativa y, desde entonces, las ayudas a personas con pensiones no contributivas de jubilación ya no se benefician de deducciones anticipadas, sino que pasaron a percibir el importe a través de la Renta Garantizada. Así, desde 2023 se han incrementado las unidades perceptoras mayores de 65 años, pasando de las 347 en 2022, a 926 en 2023 y en 2024 alcanzan las 1.047, lo que supone un incremento neto de 700 unidades perceptoras mayores de 65 años que anteriormente no eran atendidas por la prestación.
16.758 unidades familiares y 36.249 personas beneficiarias
A través de las 16.758 unidades familiares, con una media mensual de 12.868, la prestación dio cobertura a 36.249 personas (el 5,34% de la población navarra). El 53,76% de las personas beneficiarias son mujeres y el 46,24% hombres. Este porcentaje prácticamente no ha variado en los últimos 5 años. Se observa la misma tendencia en cuanto a los grupos de edad, siendo menores el 38,28% de las personas atendidas (es decir, 13.964 menores) alcanzando valores absolutos muy parecidos a los del año 2019.
Analizando las personas demandantes, se aprecia un mayor porcentaje de mujeres solicitantes de la prestación en nombre de la unidad familiar (el 58%). En los últimos cinco años, aproximadamente 6 de cada 10 solicitantes de la prestación son mujeres.
En cuanto a las edades de las personas solicitantes, es destacable el porcentaje de incremento de las unidades perceptoras de la franja 25-34 años y también las de más de 65 años. Este grupo, como ya ocurrió en el año 2023, ha incrementado su peso porcentual principalmente por la incorporación de las personas perceptoras de pensiones no contributivas de jubilación a la renta garantizada.
Por otra parte, el 79,37% de las unidades familiares tienen entre 1 y 3 miembros. Es destacable el leve descenso en el peso de las unidades familiares son de carácter unipersonal, siendo el más bajo de los dos últimos años. El 28,3% de las familias cuenta con un solo progenitor, siendo en su gran mayoría monomarentales (4.735, que representan el 45,8% de las unidades familiares cuya solicitante es mujer).
Las personas solicitantes con nacionalidad española siguen siendo mayoritarias (el 51.4% del total de solicitantes), si bien se aprecia ya una clara tendencia a la igualdad entre las personas titulares. Si en lugar de la nacionalidad se tiene en cuenta el país de nacimiento, las personas autóctonas representan el 36,7%, porcentaje que también disminuye progresivamente desde el año 2014.
Por áreas de Servicios Sociales, en Pamplona se ha concentrado la mayor parte de unidades familiares (el 40%). Le sigue la Comarca de Pamplona con el 21,8%, a continuación, la zona de Tudela con el 16,2%, el área de la de Estella-Lizarra (10,9%), la de Tafalla (6%) y finalizan las dos áreas de la zona norte, la Noroeste con el 3,6% y la Noreste con el 1,6%. Esta distribución se mantiene estable desde el año 2016.
En cuanto a Zonas Básicas y Unidades de Barrio, destacan por encima del 5%, la Unidad de Barrio de la Rochapea (7,1% del total), el SSB de Tudela (6,1%) y el de Berriozar (5,5%). El resto de zonas básicas se mantienen por debajo del 5%. Destaca el descenso progresivo del porcentaje de la unidad de barrio de Milagrosa, bajando del 5% por primera vez desde el año 2012 en la serie histórica presentada.
661 euros de media al mes
La media mensual de la prestación en el momento de la concesión ha sido de 661,81 euros al mes por unidad familiar. En 2024 en términos de ejecución presupuestaria se ha realizado un gasto de 111.386.514,01 euros, lo que supone un incremento respecto al año 2023 de un 7%.
Este incremento se explica, por un lado, por la actualización de la prestación con 6,38% según la tasa de variación del coste salarial ordinario, tal y como está recogido en Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada.
Además, la concurrencia de expedientes de Rentra Garantizada con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha generado la compensación de cuantías de Renta Garantizada una vez concedido el IMV. Esta compensación se ha llevado a cabo en un proceso de modificación de la cuantía reconocida de renta garantizada, aminorando la misma en la cantidad reconocida de IMV y por los periodos concurrentes.
10.531 contratos laborales a personas perceptoras
4.669 personas en edad laboral, pertenecientes a 4.235 unidades perceptoras de la prestación han sido contratadas a lo largo de 2024, con un total de 10.531 contratos (es decir, una media de 2.26 contratos por persona). Representan el 22% de las personas en edad laboral en 2024. Si se compara las personas contratadas con aquellas que están disponibles para el empleo, representan el 40.17% del total.
El estudio refleja que, de las personas en edad laboral en 2024 (20.870 en total), 9.249 no estaban en condiciones de acceder al trabajo en el momento de la percepción, cifra muy similar a la del año anterior. Las razones más comunes por las que no se encuentran disponibles tienen que ver con las circunstancias personales: situación administrativa irregular, dificultades relacionadas con la salud, falta de red de apoyo para la conciliación familiar.
En relación a los contratos laborales, por primera vez, se observa, una mayor contratación entre las mujeres que entre los hombres. En cuanto al origen de las personas contratadas el 62,8% es de origen migrante, frente al 37,2% de personas autóctonas. Este porcentaje se repite tanto en mujeres como en hombres. Por el contrario, si nos fijamos en la nacionalidad, el dato se invierte, alcanzando el 54,5% las personas de nacionalidad española, lo que indica un nivel alto de arraigo de las personas de origen migrante que acceden al empleo siendo perceptoras. Estos datos se consolidan respecto a años anteriores.
Cabe recordar que la Ley Foral de Renta Garantizada contempla un mecanismo denominado estímulos al empleo que permite que durante un tiempo se compatibilice el cobro (aminorado) de la Renta Garantizada y el cobro de un salario, suponiendo un incentivo económico que anima a incorporarse a un trabajo. Así, estos mecanismos se han aplicado en 7.558 expedientes.
