Desahucian a una mujer y su hijo en la calle Jarauta de Pamplona

Una comitiva judicial, escoltada por patrullas de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Pamplona, ha ejecutado el desahucio de una vivienda en la calle Jarauta de la capital navarra entre protestas de miembros del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria que se habían congregado frente al inmueble.

Desde el Ayuntamiento de Pamplona precisan que se ha facilitado ayuda habitacional a la mujer afectada y a su hijo, así como a Ana Belén, la vecina de la calle San Lorenzo desahuciada hace dos semanas.

El Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria señala que hacia las 6:45 horas varias patrullas policiales han desalojado a las personas que se encontraban junto a la vivienda para intentar frenar el desahucio previsto para el jueves. Fuentes policiales han indicado que el desahucio se ha llevado a cabo sin incidentes.

En la vivienda residían una mujer y su hijo, con necesidades especiales, según informa el sindicato que apunta que "la mujer se ha negado a abandonar su vivienda sin ver una orden judicial, pero los agentes han procedido igualmente, cerrando la calle e impidiendo el acceso a la vecindad y al propio Sindicato".

Desde esta organización se denuncia que este es el "segundo desahucio ilegal en menos de una semana, tras el ocurrido el 11 de junio en la calle San Lorenzo" y se insiste en que el proceso ha estado "plagado de irregularidades".

Según explica, la mujer habría sido victima de una estafa al acordar un alquiler con una persona que resultó no ser el propietario real del inmueble y desde entonces "ha vivido en una situación de extrema vulnerabilidad".

El propietario interpuso una denuncia por ocupación en marzo, y el proceso ha avanzado de forma acelerada bajo la aplicación de la Ley 5/2018, conocida como "ley del desahucio exprés", según el Sindicato, que apunta que "esta legislación permite ejecuciones sin juicio ni defensa jurídica efectiva, lo que ha dejado completamente desprotegida a la familia".

"Ni se les ha reconocido como inquilinas, ni se ha aplicado la moratoria de desahucios vigente para casos de vulnerabilidad, a pesar de que se ha demostrado en sede judicial su situación crítica", sostiene el colectivo que anuncia que tomará acciones legales por lo que considera una ejecución ilegal.