El consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, instó ayer a combatir el negacionismo y animó a que cada vez más víctimas de violencia de género denuncien y se dé luz a estos casos todavía ocultos, ya que “solo el 8% de las violencias sexuales se denuncian”. En los siete primeros meses de este año, en la Comunidad Foral, “se han registrado 1.337 denuncias por violencia machista, un 4% más con respecto al mismo periodo del año anterior”. En lo que respecta a las denuncias por violencia sexual, “se ha registrado un descenso del 15%”. En su intervención, Taberna remarcó como objetivo combatir el negacionismo, ya que “en diciembre de 2024 había un 8% de mujeres y un 12% de hombres que consideraban que no existía la violencia machista”, según la última Encuesta Social y de Condiciones de Vida del Instituto de Estadística de Navarra.

También subrayó que el “primer compromiso” del Gobierno es hacer aflorar la violencia oculta, ya que “solamente el 8% de los actos se denuncian”. “Ese 92% tiene que salir a la luz”, reivindicó Taberna, que ha añadido que “hay un compromiso presupuestario fehaciente” por parte del Ejecutivo, ya que el presupuesto de 2014 “fue de un millón y medio y en el año 2025 es de 5.200.000 euros”.

En cuanto a las pulseras antimaltrato, señaló que “puede haber errores técnicos, pero en ningún caso debemos hacer alarmismo”. “Hay que generar confianza en el sistema y confianza en los equipos de profesionales”, dijo. Entre las principales medidas del Ejecutivo foral, Taberna subrayó que “vamos a poner en marcha el nuevo recurso residencial para mujeres objeto de violencia machista con problemas de salud mental o adicciones”, y que el decreto foral de ayudas a huérfanos por violencia de género “va a ser una realidad para el año 2026”.

El consejero afirmó que “nadie crea que el Gobierno es culpable del aumento o disminución de la violencia de género, otra cosa es que por su afán de concienciar pueda tener una cierta incidencia en el que el registro de denuncias aumente”. Por su parte, la directora del Instituto Navarro por la Igualdad ha remarcado que “la violencia contra las mujeres es estructural, no algo puntual y privado” y que por lo tanto las medidas deben ir orientadas en este sentido. “Con todo este marco, queremos que el trabajo parta de una normativa y una planificación que se adecúe a las nuevas violencias”, aseguró Abad, que puso el acento también sobre la falta de homogeneidad a la hora de recabar datos y que varias organizaciones ya han recomendado que se unifiquen criterios y metodologías. Por un lado, la directora habló de un incremento de la violencia sexual y el quebrantamiento de condenas y medidas cautelares, mientras que por otro citó la reducción de violencias más graves y feminicidios.

Ya en el turno de los grupos parlamentarios, Isabel Olave, UPN, aseguró que no daba “crédito a las intervenciones” y ha criticado con vehemencia la acción del departamento, asegurando que “Navarra tiene los peores resultados de las comunidades” y que “existe una alarma social justificada”. Los grupos que apoyan al Gobierno afearon las palabras de Olave y consideraron que hacía un uso partidista de la violencia.