El controvertido discurso político del alcalde de UPN de Valtierra, Manuel Resa, en torno a la inmigración, amparado además no hay que olvidarlo por una polémica convocatoria de ayudas municipales a la natalidad que no son equitativas para toda la población, no constituye delito de odio para la Fiscalía navarra. El Ministerio Fiscal ha decretado el archivo de las actuaciones que se seguían contra el alcalde regionalista sin perjuicio de que se pueda recurrir por parte del Gobierno de Navarra, que fue quien denunció los hechos, dicha decisión y presentar denuncia en un juzgado de instrucción.
Resa respondió de manera altisonante a un dictamen del Consejo de Navarra que consideró que la convocatoria de ayudas a la natalidad podía reunir requisitos “discriminatorios” para la población. De hecho, en dicho anuncio, se bonificaba con 3.000 euros el nacimiento de un bebé en Valtierra si al menos uno de los progenitores llevaba empadronado en el municipio los últimos 20 años. Además, el o la recién nacida tenía que seguir empadronada en el municipio otras dos décadas de manera continuada.
La Fiscalía recuerda que las palabras de Resa se contextualizan por tanto en el resultado "desfavorable" a la medida acordada por el Consistorio que dirige ayudas económicas a la natalidad. Así, entre las valoraciones que efectuó Resa sobre dicho dictamen, llegó a decir que en el municipio "están recibiendo muchos inmigrantes que cuestan un pastizal, indicando que los menas, a los que se refiere con el término “señoritos”, cuestan 5.000 euros al mes. Desde ese momento inicial, Resa confronta el resultado adverso del dictamen con la necesidad de que el gobierno haga algo, lo que conecta directamente sus palabras con manifestaciones de carácter político con relación al tema que va a abordar durante sus intervenciones públicas, la inmigración", relata la Fiscalía.
"Cuestan un pastizal" y "no respetan nada"
Desde ese momento, sigue el decreto fiscal, se inicia por parte de Resa "un discurso contrario o no favorable a la inmigración, refiriéndose a ésta con la palabra problema y vinculándola con enfrentamientos, si bien dichos términos se circunscriben, exclusivamente, a lo relativo a los derechos y obligaciones de los ciudadanos, sin emplear en ningún caso vocablos despectivos o descalificaciones en relación a los mismos". También establece una vinculación genérica entre los inmigrantes y el coste económico que "los Menas (Menores extranjeros no acompañados) suponen para la Administración", y hace referencia a supuestos problemas generados por “los marroquíes” en piscinas del municipio, alegando que “no respetan nada”, pero tampoco va más allá.
En relación con el anuncio de que la Policía Municipal irá casa por casa para comprobar quién está empadronado y quién no lo está, "no se aprecia ninguna manifestación discriminatoria ni ninguna referencia al origen extranjero o inmigrante de los habitantes de la localidad, sino, únicamente, a si están administrativamente empadronados. Es decir, en tales declaraciones no se aprecia ningún sesgo relativo al origen nacional o extranjero de las personas afectadas, sino una referencia al cumplimiento, probablemente estricto de una normativa que afecta a todas los residentes de la localidad por igual". Y buena prueba de ello es que la única consecuencia que el alcalde de UPN extrae de tales comprobaciones es que la falta de empadronamiento se hará constar documentalmente, no desprendiéndose de tales declaraciones ninguna consecuencia o advertencia que pueda provocar de forma racional y lógica, temor, riesgo o inseguridad a la ciudadanía, y menos aun específicamente a los inmigrantes", dice la Fiscalía.
Puntualizó y matizó sus declaraciones
El Ministerio Público concreta que "es evidente que, en lo que atañe a los derechos fundamentales, la nacionalidad u origen extranjero de las personas resulta indiferente, de modo que, con independencia de su nacionalidad, etnia u origen, no puede equipararse de forma indiscriminada y exclusiva a los inmigrantes con delincuentes, circunstancia en la que, por otro lado, no se incurre en las declaraciones por parte del Alcalde, puesto que puntualiza y matiza las mismas, apelando a que entre los españoles también hay delincuentes. Es por ello que, sin obviar el hecho de que se trata de comentarios que pueden lesionar la sensibilidad social, tampoco puede obviarse que tales manifestaciones no hacen sino poner de manifiesto la existencia de diversos prismas políticos e ideológicos que coexisten en relación a la inmigración, de modo que, pudiendo ser las mismas censurables en vía administrativa".
Pese a dicha advertencia, las declaraciones de Resa no tienen gravedad como para constituir una infracción penal según la Fiscalía. El decreto concluye que "las declaraciones públicas realizadas por Resa no constituyen una acción de humillación directa, grave y con un resultado lesivo para la dignidad de las personas o grupos. Éstas se configuran como una manifestación ideológica que, si bien puede ser controvertida o no compartida, no alcanza el umbral de gravedad y afectación directa a la dignidad personal o colectiva que el tipo penal requiere. La humillación a la que se refiere este precepto exige un componente de ataque personal, directo y grave a la dignidad, que no se aprecia en el presente caso".
