La comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra analiza el Informe FOESSA con el foco en pobreza y vivienda

Cáritas Navarra ha presentado el IX Informe FOESSA en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento con un amplio consenso en señalar la pobreza y la vivienda como retos clave, y discrepancias de UPN y PP respecto a la eficacia de las políticas públicas.

La directora de Cáritas Navarra, Maite Quintana, ha sido la encargada de presentar el informe y ha señalado que los datos confirman que la exclusión social no responde a un fallo individual, sino a deficiencias estructurales del sistema. En su intervención, ha defendido que el estudio pretende servir como herramienta para mejorar la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía navarra.

El informe

El informe ha cifrado en 88.845 las personas en situación o riesgo de exclusión social en Navarra, lo que supone el 13,2% de la población, una proporción inferior a la media estatal.

No obstante, el análisis ha advertido de una evolución marcada por el aumento de la precariedad, ya que la exclusión social ha descendido ligeramente, pero la integración precaria ha crecido de forma significativa.

Según los datos presentados, el 50,7% de la población navarra se ha situado en integración plena, mientras que más de un tercio se ha mantenido en integración precaria, una situación que ha aumentado en más de 40.000 personas desde 2018. La exclusión severa se ha mantenido estable en torno al 6%, afectando a más de 41.000 personas, lo que ha evidenciado un riesgo de persistencia.

Quintana ha señalado que la desigualdad se ha consolidado como el principal motor de la pobreza y la exclusión, con un aumento del índice de Gini en los últimos años. Aunque los indicadores económicos han mostrado una evolución positiva, ha advertido de que no todas las personas se han beneficiado del crecimiento, lo que ha derivado en una mayor fragilidad económica cotidiana.

La vivienda se ha identificado como uno de los principales factores de exclusión. El informe ha indicado que un 11% de las familias ha acumulado retrasos en el pago de la vivienda y que el 22% de la población ha afrontado problemas de exclusión residencial, especialmente vinculados al alquiler y al aumento de los precios.

En el ámbito del empleo, FOESSA ha reconocido que Navarra ha presentado mejores datos que otras comunidades, pero ha advertido de que la precariedad laboral ha seguido afectando a cerca del 9% de la población, especialmente a jóvenes y nuevos hogares. Quintana ha subrayado que el empleo no siempre ha garantizado la inclusión social y ha defendido una apuesta por la formación y por políticas de transición laboral.

Los grupos parlamentarios

Durante el turno de los grupos parlamentarios, EH Bildu, a través de Javier Arza, ha valorado el informe como una referencia para conocer la evolución de la pobreza y ha señalado la desigualdad, la injusticia y la especulación en la vivienda como causas estructurales.

Desde el PSN, Olga Chueca ha destacado el informe como una herramienta útil para evaluar las políticas públicas y ha defendido los avances en la renta garantizada y en la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

Por parte de Geroa Bai, Isabel Aramburu ha advertido de quela vivienda se ha convertido en el principal problema social en Navarra y ha señalado que los salarios no han evolucionado al mismo ritmo que el empleo.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha alertado de que casi la mitad de la población navarra no se encuentra en una situación óptima de integración plena y ha subrayado la necesidad de combatir la pobreza infantil.

Desde UPN, Raquel Garbayo ha sido crítica con la gestión del Gobierno foral y ha afirmado que las políticas públicas no han logrado mejorar los resultados, mientras que el PP, por medio de Maribel García, ha señalado que las prestaciones económicas por sí solas no han sido suficientes para garantizar procesos reales de inclusión social.

La sesión ha concluido con el planteamiento de la necesidad de políticas integrales de inclusión, centradas en la persona y orientadas a evitar que la precariedad derive en exclusión estructural.