El Gobierno de Navarra ha manifestado este miércoles su rechazo a la proposición de Ley Foral de UPN para limitar a tres años el periodo de percepción de la Renta Garantizada y reducir el importe de la ayuda en función del tiempo transcurrido desde su concesión.
Así lo ha señalado la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo navarro.
La responsable ha criticado que se proponga vincular el cobro de la Renta Garantizada a la ausencia de antecedentes penales, y ha considerado que la iniciativa se basa en “premisas erróneas”.
“La pobreza no es el resultado de la pereza de las personas que la padecen ni de la falta de esfuerzo personal, ni mucho menos de otros estereotipos. Sin embargo, esa es la línea que subyace en la proposición de UPN”, ha afirmado.
Armonizar las prestaciones
El Ejecutivo defiende, en cambio, la reforma de la ley foral de 2016 en la que trabaja el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, orientada a armonizar las prestaciones del sistema de garantía de ingresos, como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada.
También busca “dar coherencia al sistema”, mejorar la gestión y garantizar el derecho a la inclusión social desde el primer momento en que se activa la prestación, según el Gobierno.
El Ejecutivo argumenta su rechazo señalando que las políticas de rentas mínimas están avaladas por la Unión Europea, que el 30 de enero de 2023 aprobó una recomendación para que los Estados miembros modernicen sus sistemas de protección social, con el objetivo de combatir la pobreza y fomentar la inclusión activa.
Estas directrices establecen que se debe garantizar una renta mínima adecuada para cubrir necesidades básicas, adaptada al nivel de vida y los precios del país, y acompañada de servicios esenciales como sanidad, vivienda y educación, además de formación y apoyo al empleo.
Accesible y fácil de solicitar
Asimismo, recogen que la prestación debe ser accesible, fácil de solicitar, con criterios transparentes y no discriminatorios, que pueda pedirse de forma individual y que no esté limitada en el tiempo.
“La proposición de Ley Foral de reforma de la Renta Garantizada planteada por UPN se aleja claramente tanto de la evidencia científica existente como de la recomendación de la Unión Europea de 2023”, señala el acuerdo adoptado.
Según el Gobierno de Navarra, la capacidad de una sociedad para reducir la pobreza mediante políticas públicas es uno de los principales indicadores de equidad, solidaridad y cohesión social.
“Aunque existen múltiples políticas con impacto en la pobreza, los programas de prestaciones económicas desempeñan un papel fundamental para combatirla, tanto en países desarrollados como en desarrollo”, ha subrayado el Ejecutivo foral.
