El desahucio de una mujer en Pamplona, previsto para este 15 de abril, ha sido aplazado de manera provisional por decisión de los juzgados en el último momento. La afectada reside en una vivienda propiedad de la empresa municipal PCH, en la calle Descalzos, y el procedimiento había sido impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona.
La decisión judicial se ha conocido poco antes de las 14:00 horas de este martes, apenas unas horas antes del cierre de los juzgados y a menos de un día de la ejecución prevista. Este retraso en la comunicación ha sido calificado como “inhumano” por el entorno de la afectada, que denuncia la incertidumbre vivida hasta el último momento.
Además, la mujer no fue informada directamente del aplazamiento. Según ha trascendido, fue su abogada quien tuvo conocimiento de la suspensión tras acudir a los juzgados para solicitar explicaciones. Este hecho ha generado críticas por lo que consideran una falta de sensibilidad hacia una persona en riesgo de perder su vivienda.
Por el momento, no existe una resolución escrita que detalle los motivos de la suspensión ni el estado actual del procedimiento. La falta de información ha alimentado las denuncias de opacidad judicial en este caso.
Aún no se ha celebrado el juicio
El proceso presenta, además, varias irregularidades señaladas por la defensa. Aún no se ha celebrado juicio, pese a que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece su necesidad cuando existe oposición. La mujer presentó dicha oposición en su momento, lo que, en principio, debería haber impedido la ejecución del desahucio hasta la resolución judicial.
Asimismo, se han presentado alegaciones relacionadas con la situación de vulnerabilidad de la afectada. La legislación contempla mecanismos de suspensión temporal de desahucios en estos casos, pero hasta ahora no se ha emitido ninguna aclaración por parte de los juzgados.
A pesar del aplazamiento, el procedimiento sigue en marcha. En las próximas semanas podrían producirse tanto la celebración del juicio como la fijación de una nueva fecha de desahucio.
Desde el entorno de la afectada y el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria subrayan que la presión social ha sido clave para frenar la ejecución. Consideran que, sin movilización, el desahucio se habría producido de forma “rápida y silenciosa”.
En este contexto, hacen un llamamiento a la ciudadanía a mantenerse alerta y a reforzar la organización en defensa del derecho a la vivienda, ante la posibilidad de que el caso vuelva a activarse en cualquier momento.
