Regularización de migrantes en Navarra: requisitos, plazos y dónde informarte

El anuncio del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en situación irregular por parte del Gobierno central ha activado ya los mecanismos administrativos en Navarra. Una medida que podría beneficiar a unas 10.000 personas en la Comunidad Foral, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico.

Ante este escenario, el Gobierno de Navarra ha decidido reforzar sus servicios de asesoramiento en materia de extranjería para dar respuesta a una demanda que, previsiblemente, seguirá creciendo en las próximas semanas. A nivel municipal, el Ayuntamiento de Pamplona también se prepara para un incremento significativo de la demanda. El concejal de Acción Social, Txema Mauleón, cifró en unas 5.000 las personas que podrían beneficiarse de la regularización en la capital navarra.

Para hacer frente a esta situación, el Consistorio trabaja ya en el refuerzo del personal, especialmente en los servicios vinculados al empadronamiento social y la atención a personas sin hogar, claves para acreditar el arraigo.

500.000 migrantes a los que se exige carecer de antecedentes

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes, un texto en el que se exige carecer de antecedentes penales “y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos”. Así lo explicó la portavoz del Gobierno español y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien afirmó que es “un acto de coherencia ética y de justicia social” y “uno de los grandes hitos” de esta legislatura.

Los interesados podrán empezar a solicitarla a partir de mañana de forma telemática, un día después de que el real decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado, y en ese momento podrán pedir cita para hacerlo presencialmente a partir del día 20. Al mismo tiempo, se elimina la declaración responsable de la regularización para acreditar la ausencia de antecedentes.

PP, Vox y Junts criticaron esta medida, pese a que tanto la Iglesia como la patronal sí apoyan el decreto, que no requiere convalidación del Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a estos partidos que escuchen la opinión de la Iglesia y de la CEOE. “No estamos haciendo nada más que, desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral, reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país”, afirmó en Pekín.

Además, publicó una carta a la ciudadanía en la que subraya que la regularización es un acto de justicia, porque normaliza la situación de medio millón de personas, y también un acto de necesidad, debido al envejecimiento demográfico. “Frente a quienes defienden un mundo lleno de muros y de expulsiones, la España real habla muchos idiomas, viene de muchos sitios y conoce muchas culturas”, dijo la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Otro ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, añadió que “quien vive y trabaja aquí tiene que tener responsabilidades, pero también tiene que tener derechos”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, indicó que su partido ha negociado hasta el último momento el real decreto y, pese a expresar su “satisfacción” por su aprobación, lamentó que el Gobierno haya hecho a su juicio “concesiones” en cuanto a las restricciones por antecedentes penales.

En sentido contrario se posicionó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que la regularización “no es humanitaria” y “alienta a las mafias”, ya que extiende el mensaje de que “pueden hacer su trabajo con éxito” porque en España “podrá entrar cualquiera”. En una reunión con sus diputados y senadores, añadió que esta medida no tiene “exigencias suficientes” para quienes vayan a regularizar su situación, que cree que podrían ser incluso “más de un millón”.

Vox anunció que recurrirá al Tribunal Supremo para que paralice la medida cautelarmente, antes de que comience su aplicación, y su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, criticó que se apruebe por real decreto y que el Gobierno “se salte” de este modo la votación en el Congreso. “Es momento de deportaciones masivas, de prioridad nacional y de controlar nuestras fronteras”, apostilló la dirigente de la misma formación Isabel Pérez Moñino.

Por su parte, el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, opinó que una regularización masiva no es una solución y dijo que su partido apuesta por “integrar a quienes llegan en la lengua, valores y cultura” de la sociedad de acogida. Reclamó por ello “competencias plenas para gestionar la inmigración desde Catalunya”.

Permiso de un año 

La medida se dirige a todas las personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y hayan estado en el Estado cinco meses seguidos en el momento de la petición, así como los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de la misma fecha, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales, tanto en España como en el país de origen.

El real decreto establece tres casos de beneficiarios de la medida: haber trabajado en España o tener una oferta o contrato para hacerlo; tener hijos menores de edad u otras personas a su cargo, o encontrarse en situación de vulnerabilidad.

De cara a hacer la solicitud de forma presencial, tras pedir cita previa, los interesados podrán dirigirse desde el 20 de abril a los lugares habilitados. Serán cinco Oficinas de Extranjería (en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia) en horario de 16.00 a 19.00 horas; 60 oficinas de la Seguridad Social en el mismo horario y 371 oficinas de Correos en capitales de provincia o ciudades de más de 50.000 habitantes, de lunes a viernes de 8.30 a 17.30.

El permiso concedido será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, una vez la solicitud sea admitida a tramite, se proveerá una autorización provisional para acceder al empleo desde el primer momento.

Ayudas en Navarra a entidades colaboradoras

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha anunciado la próxima aprobación de un paquete de ayudas económicas dirigido a entidades colaboradoras en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, que previsiblemente verá la luz en la sesión del Ejecutivo foral del 22 de abril.

Estas ayudas tienen como objetivo facilitar la tramitación de solicitudes por parte de asociaciones y organizaciones acreditadas, ante la imposibilidad legal de que el propio Gobierno foral asuma directamente esta gestión, pese a haberlo solicitado al Estado.

Además del apoyo económico, el Ejecutivo ha reforzado los servicios de información y pondrá en marcha una unidad móvil, en colaboración con Nasertic, para acercar el proceso a todo el territorio. También se están organizando jornadas informativas y formativas dirigidas a entidades y colectivos implicados, con el objetivo de agilizar y facilitar la regularización.