El Gobierno de Navarra ha iniciado los trabajos para desarrollar una regulación específica del alquiler de habitaciones y de los contratos de temporada, con el objetivo de reforzar la protección de los inquilinos y combatir posibles fraudes en el mercado del alquiler. La consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha subrayado que estas medidas buscan atajar prácticas que, en la práctica, estarían siendo utilizadas para esquivar la normativa vigente en materia de vivienda.
En este contexto, Alfaro ha defendido que Navarra cuenta con herramientas propias para mitigar el impacto del bloqueo en el Congreso del decreto estatal que contemplaba la prórroga de contratos y la limitación de las subidas de renta. Además, ha recordado que la declaración de zona de mercado tensionado afecta ya a cerca del 70% de la población navarra, lo que permite contener incrementos abusivos del alquiler y mantener topadas las rentas. A esto se suma una campaña informativa impulsada por su departamento, dirigida a unas 10.000 familias, para dar a conocer su derecho a acogerse a la prórroga extraordinaria de los contratos.
Dos grandes frentes
La consejera ha señalado que la intervención normativa se centrará en dos grandes frentes prioritarios. Por un lado, la regulación del alquiler de habitaciones, un fenómeno en crecimiento: solo en Pamplona se ofertan actualmente más de 450 habitaciones, según datos de Idealista. El objetivo es garantizar que quienes acceden a este tipo de alquiler cuenten con derechos equiparables a los de cualquier inquilino de vivienda completa. Alfaro ha denunciado situaciones que considera “socialmente inaceptables”, como familias con menores viviendo en espacios de apenas nueve metros cuadrados, lo que evidencia la necesidad urgente de intervención pública.
Por otro lado, el Ejecutivo foral también pondrá el foco en los contratos de alquiler de temporada, donde ha detectado una “fuga legal” en la normativa estatal. Según ha explicado la consejera, esta laguna estaría siendo utilizada para transformar alquileres de vivienda habitual en contratos temporales ficticios, evitando así las obligaciones legales en materia de protección al inquilino. El Gobierno de Navarra ha constatado un incremento significativo de este tipo de contratos y trabaja ya con los grupos parlamentarios para establecer límites claros, apoyándose en el registro de contratos de alquiler como herramienta para identificar, inspeccionar y sancionar posibles fraudes.
En respuesta a las críticas del sector inmobiliario, que vincula la caída de la oferta a la inseguridad jurídica y al auge del alquiler temporal, Alfaro ha sido contundente: “El decreto dotaba de estabilidad; otra cosa es confundir seguridad con la garantía de beneficios desorbitados”. Asimismo, ha rechazado que los contratos temporales representen la mitad del mercado, situando su peso en torno al 10%, según los datos del Gobierno navarro.
La consejera también ha acusado a parte del sector y a determinadas fuerzas políticas de utilizar el argumento de la seguridad jurídica para oponerse a medidas que, en su opinión, benefician a la mayoría social y contribuyen a la estabilidad del mercado. El Ejecutivo foral prevé que la nueva regulación esté lista lo antes posible, con la intención de que pueda aprobarse antes de que finalice el actual periodo de sesiones parlamentarias.
