Seis niños se quedan sin plaza en Lizarra Ikastola tras el recorte de aulas de Educación y las familias llevan el caso al pleno municipal

Las 31 familias afectadas por la supresión de un aula de educación infantil en Lizarra Ikastola han impulsado una moción para su debate y aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, en la que instan al Departamento de Educación del Gobierno de Navarraa revertir la decisión y a anular de forma inmediata la Resolución 26/2026, de 10 de abril, por la que se eliminan 14 unidades de educación infantil en centros concertados de la comunidad foral.

El conflicto arranca con dicha resolución, que ha dejado sin plaza en la ikastola a seis menores de entre 3 y 6 años que habían completado su preinscripción en el centro dentro del plazo establecido. Entre ellos se encuentra Hodei Urra, de 3 años, cuya familia denuncia que el Departamento de Educación había asignado inicialmente 50 plazas a la ikastola y que la decisión de recortar un aula se tomó una vez cerrado el proceso de preinscripción. "Gimeno ha cambiado las reglas del juego y mi hijo se queda fuera", señaló su padre, Imanol Urra, quien destacó además que la medida complica la conciliación familiar y priva al niño de continuar junto a sus amigos, sus primos y su hermana pequeña, ya matriculada en la Haur Eskola vinculada al mismo centro.

La moción presentada al pleno municipal recoge que la decisión vulnera el derecho a la libre elección de centro, amparado en el artículo 27 de la Constitución española, y que el aumento de ratio hasta los 25 alumnos en el aula resultante afecta negativamente a la calidad educativa. Las familias subrayan además que la demanda real y acreditada de 31 solicitudes para el nivel educativo afectado evidenciaba la necesidad efectiva de mantener las dos unidades previstas, una necesidad que el propio Departamento de Educación había anticipado al publicar la Resolución 39/2026, de 24 de febrero, en la que asignaba 50 vacantes a la ikastola para el próximo curso. La supresión posterior del aula mediante la Resolución 26/2026, de 10 de abril, adoptada una vez cerrado el proceso de preinscripción, contradice así su propia planificación previa y modifica el criterio inicial —que afectaba tanto a centros públicos como concertados— para terminar recayendo únicamente sobre estos últimos, lo que las familias consideran una quiebra del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución y una actuación administrativa potencialmente arbitraria.

En ese marco, la moción eleva al pleno cuatro acuerdos concretos: el apoyo unánime al manifiesto de las familias afectadas; instar al Departamento de Educación a revisar la decisión atendiendo a los principios de calidad educativa, equidad y libertad de elección de centro; solicitar la anulación inmediata de la Resolución 26/2026; y comprometerse a trasladar este acuerdo a las autoridades educativas y a los representantes de la comunidad educativa implicada.

La situación de Lizarra Ikastola se enmarca en un conflicto más amplio que ha sacudido a la educación concertada navarra en las últimas semanas. Colegios e ikastolas de toda la comunidad han anunciado recursos de alzada ante el Departamento y algunos han optado por la vía judicial, como la propia Federación Navarra de Ikastolas (NIE), que ha denunciado que la medida supone un ataque a la enseñanza en euskera y que se están aplicando criterios que hasta ahora no se habían activado, como la supresión de líneas cuando existe oferta en la escuela pública de la zona.