Representantes del concejo de Igúzquiza han comparecido esta tarde en comisión parlamentaria para trasladar su preocupación por las dificultades y problemáticas derivadas de la aplicación del Decreto Foral 86/2018, que regula las piscinas municipales. La entrada en vigor de las nuevas exigencias ha impedido la apertura de las instalaciones este verano, al no poder afrontar el concejo las inversiones necesarias para su adaptación.
Y es que, tal y como ha expuesto Iratxe Azanza, deben afrontar un desembolso de más de 400.000 euros, una cantidad inasumible para un concejo de sus dimensiones, y más teniendo en cuenta que su presupuesto anual ronda los 100.000 euros. Por ello ha solicitado que el Ejecutivo financie dos terceras partes de la inversión, el mismo porcentaje con el que se construyeron las piscinas en su origen. “No venimos a pedir que se nos permita abrir incumpliendo la norma. Venimos a exponer la situación real de nuestro concejo y a solicitar que se abra una línea de subvenciones que permita que este pueblo no muera. Hablamos desde la responsabilidad institucional y después de haber estudiado seriamente nuestras posibilidades”.
Durante su intervención, ha apuntado que han recabado más de 250 firmas y ha defendido que las piscinas son mucho más que una infraestructura recreativa; “constituyen un elemento esencial para la cohesión social, la conciliación familiar y la lucha contra la despoblación, además de actuar como nexo de unión que vertebra el territorio y dinamiza la vida del municipio”.
La representante local ha recordado que anteriores cambios normativos fueron acompañados de líneas específicas de ayudas públicas y, por este motivo, ha pedido la creación de una convocatoria extraordinaria de subvenciones que permita a los pequeños municipios adaptar sus instalaciones a la normativa vigente. “Sin apoyo económico, la reapertura de las piscinas resulta imposible", y ha alertado de las consecuencias que su cierre permanente tendría para la vida social, económica y demográfica del pueblo.
Consenso político
Por orden de intervención, Yolanda Ibáñez (UPN), ha asegurado que comprenden los requisitos que se exigen, pero que no se está sabiendo adelantarse a los problemas y dificultades de los pueblos, mientras que Oihan Mendo (EH Bildu), ha pedido un “esfuerzo para reconducir la situación y evitar que no se enquiste”.
Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha recalcado que para cumplir con las exigencias se tendría que articular una línea específica de ayudas; Irene Royo (PP), que deben cerrarse medidas que garanticen de una forma real y útil que la gente quiera quedarse en el medio rural; y Daniel López (Contigo Zurekin), ha añadido que tendrían que buscar herramientas que facilitaran la financiación de estos pequeños concejos. Por último, Javier Lecumberri (PSN) se ha interesado por el motivo por el que la actuación asciende a 400.000 euros dejando caer que “entiendo que hay deficiencias de cierta gravedad”.
Depurar en 4 horas
Precisamente, desde Igúzquiza y para terminar, Mertxe Arnedo le ha contestado a este último y ha asegurado que hasta ahora cumplían con la normativa básica. “Lo que no hacemos es depurar el agua en 4 horas, que es lo que ahora se exige. El cambio de un sistema de depuración cuesta 392.000 euros además del proyecto. Hemos ido haciendo declaraciones responsables y presentando informes técnicos en los que explicábamos esa deficiencia, que no era sustancial. Año tras año venimos hablando de líneas de subvención. Al no haberla, pensábamos que iba a haber una nueva moratoria, pero no ha sido así. Necesitamos financiación porque, de otra manera, estamos abocados a morir”.
