Diez años de La Manada de Sanfermines: la violación que cambió las calles

Están a punto de cumplirse diez años de una de las infamias más hirientes que han ocurrido durante la fiestas de San Fermín. Una violación grupal en el corazón de la fiesta a una chica que acababa de cumplir la mayoría de edad y se asomó por vez primera a los festejos de Pamplona y tuvo la desdicha de toparse con cinco hombres, procedentes de Sevilla y que solo habían planeado hacer el mal en toda su expresión.

En apenas 17 minutos en un portal que resultó una ratonera en la calle Paulino Caballero, en torno a las 3.00 horas de la madrugada del 6 al 7 de julio, esa joven de Madrid fue violada de manera vejatoria y degradante por esos cinco agresores, que además grabaron la violación para su regocijo y le robaron el teléfono a la chica para dejarla aislada, presa del miedo y del shock.

Pamplona amaneció ese día con un escalofrío terrible, pero se activaron todos los mecanismos de resiliencia de la fiesta, concienciada hasta la médula de la violencia sexual pero que a partir de aquello se convirtió en punta de lanza de un movimiento en masa, en rebelión y sin freno.

Las calles cambiaron para siempre.

Y a partir de aquel caso, la transformación alcanzó a todos los estratos y capas. La Justicia doblo el brazo ante el empuje de la ciudadanía, recluyó para siempre el concepto de abuso sexual, puso en el epicentro la figura del consentimiento sexual como clave en las relaciones y de arriba a abajo cedieron unos pilares incólumes como lo de los togados. Incluso el Tribunal Supremo se tuvo que poner manos a la obra e interpretar la violencia sexual como se debía, aplicar las agravantes oportunas y condenar los hechos con las penas más severas que eran posibles. A partir de ahí se abrió paso la nueva ley del solo sí es sí.

Condenas a los violadores

Los cinco violadores de Sevilla, tras unas vicisitudes en los tribunales navarros que bien merecen recuerdo, fueron condenados a entre 15 y 20 años de prisión por agresión sexual en grupo. El que era guardia civil, Antonio Manuel Guerrero, recibió la pena más alta por robarle el móvil a la víctima y grabar la infamia. Además, también fue condenado por la agresión a otra joven en Pozoblanco descubierta a través del análisis de sus móviles, agresión en la que el único culpable que no estaba fue Ángel Boza.

A este, al igual que a Jesús Escudero, primo de Antonio Guerrero, y José Ángel Prenda, se les rebajó en un año las penas impuestas, de 15 a 14 años de cárcel. Prenda escribió una carta mostrando su arrepentimiento, pero el único que adoptó una estrategia defensiva totalmente distinta fue Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, el que era militar y fue expulsado del Ejército. Cambio de abogado, no solicitó beneficios penitenciarios por la ley del consentimiento y se manifestó partidario de cumplir la pena íntegra para trabajar hacia su reinserción.

Es el único que no cumple pena en una prisión de Andalucía, sino en Topas (Salamanca) y, asimismo, Cabezuelo es el único de los cinco violadores que ha tratado de responder ante la responsabilidad civil de 100.000 euros que deben pagar a la víctima, por el daño (incalculable) pero tasado de lo padecido. Un piso en Sevilla que era propiedad del exmilitar salió a subasta para saldar parte de esa indemnización. Es el único que ha conseguido permisos. En junio se 2025 logró uno de cuatro días. Hace apenas dos semanas obtuvo otro permiso.

La junta de tratamiento de prisión de Topas y el juzgado de vigilancia penitenciaria aprobaron su solicitud amparándose en que había cumplido un cuarto de la condena, su correcto comportamiento, los informes a favor y el esfuerzo por saldar la responsabilidad civil.