La condenada por el crimen de la Guardia Urbana Rosa Peral ha reconocido esta mañana que transfirió el 50 % de la casa a su padre ante la previsión de que una vez dictada sentencia tendría problemas para hacer frente a la hipoteca y evitar así la pérdida del inmueble.

Peral ha declarado esta mañana ante la titular del juzgado de instrucción número 5 de Tarragona, que investiga si la condenada por asesinato transfirió patrimonio a su padre para evitar el pago de la indemnización a la familia de la entonces pareja de la expolicía, Pedro Rodríguez.

La ex guardia urbana ha llegado poco antes de las 11.00 horas al juzgado de Tarragona, trasladada en furgón por los Mossos d'Esquadra desde la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), donde cumple condena por el asesinato en 2017 de su entonces pareja.

Rosa Peral y su padre están investigados por ocultación de bienes, puesto que la exagente presuntamente transfirió parte de su patrimonio a su progenitor días antes de su condena por asesinato para evitar así indemnizar a la familia de la víctima.

La expolicía está condenada a 25 años de cárcel por asesinar en mayo de 2017, junto al exagente del cuerpo municipal Albert López -quien cumple una pena de 20 años-, a su expareja Pedro Rodríguez, en un complejo triángulo amoroso, un caso conocido popularmente como el crimen de la Guardia Urbana.

Los restos de Rodríguez fueron hallados en el maletero de su coche, totalmente calcinado y abandonado en una pista forestal del pantano de Foix (Barcelona).

La investigada ha declarado durante aproximadamente media hora, igual que su padre, Francisco Peral, que lo ha hecho antes que ella, y solo han contestado a preguntas de su defensa, la letrada Núria González.

Aunque ninguno de los dos estaba presente en la declaración de otro, sí que han podido verse en los pasillos del juzgado.

Frenar filtraciones

Según han relatado fuentes conocedoras de la declaración, Peral ha reconocido que transfirió el 50 % del inmueble que tenía en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) a su padre -la otra mitad pertenece a su exmarido, la pareja que tenía previamente a Rodríguez-.

A la salida del juzgado, la letrada de la familia Peral ha declarado brevemente ante la prensa que la juez les ha pedido de forma insistente que mantengan el secreto de las declaraciones de instrucción "dado lo mediático del caso".

Además, según las fuentes, la juez ha tratado de frenar filtraciones a la prensa evitando la grabación de las declaraciones en instrucción en vídeo.

La condena por asesinato obliga a Peral y López pagar conjuntamente un total de 885.000 euros a los familiares de Pedro Rodríguez.

La sentencia fija que, en caso de no tener el dinero para afrontar la cuantía reclamada, las propiedades serían embargadas hasta alcanzar el importe exigido.