La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha juzgado esta mañana a un expolicía foral de la Ribera acusado de haberse apropiado indebidamente con 75.000 euros procedentes de un compañero de trabajo y de todos los ahorros de la familia, de este, que aseguró que les había dejado en la ruina después de que les hubiera prometido invertir dicho dinero en unos fondos seguros. Dicha cantidad fue luego imposible de rescatar salvo salvo 12.000 euros, que fue lo que les entregó en 2010 en concepto de beneficios procedentes de la inversión. Desde entonces, pese a que decía que todo iba bien en la inversión y que había recuperado el capital, no se le volvió a ver por casa de la familia denunciante.
El asunto lleva desde 2015 dando vueltas en los tribunales e incluso fue archivado por la Audiencia en un primer momento porque entendía que había prescrito. Sin embargo, el TSJN revocó dicho pronunciamiento y consideró que el juicio debía celebrarse con un tribunal distinto porque los plazos de origen para el cálculo de la prescripción eran distintos a los que hizo la Audiencia. La Fiscalía le ha pedido hoy tres años de prisión por apropiación indebida y de manera alternativa le acusa del delito de administración desleal. Y la composición de la Sala que le ha juzgado ha sido totalmente novedosa, porque la han integrado tres magistrados procedentes de juzgados de lo Penal. El acusado fue además condenado en su día, en 2014, por lo que fue expulsado del cuerpo policial, después de el juez considerara acreditado que usara la base de datos del cuerpo policial para realizar gestiones de cara a contratar seguros con los que se lucraba.
Era un amigo de plena confianza
La familia navarra víctima de los hechos le prestó el dinero, un total de 75.000 euros, al acusado, un íntimo amigo de uno de los hijos, que compartía trabajo en la Policía Foral. Han declarado que le hicieron caso porque manifestó que sabía mucho de inversiones y porque el dinero que tenían en un banco les estaba generando pérdidas. Dichos fondos nunca les fueron retornados, pero es que se da por hecho que ni se invirtieron en ninguno de los destinos prometidos, sino que el procesado los obtuvo para desviárselos a sus cuentas y a una sociedad civil que tenía.
De hecho, esta mañana, a lo largo de la vista, se ha conocido que el procesado tenía negocios de informática (con una tienda de repuestos de tóners en Zaragoza en la que figuraban como socias su madre y su suegra), venta de pisos y una aseguradora. Y que el negocio principal había recibido un préstamo de 20.500 euros por parte del acusado, así como que hizo a su padre una transferencia de 3.900 euros, de la que el padre tan solo ha explicado que era porque a veces le dejaba dinero a sus hijos y, en ocasiones lo devolvían y, otras veces, no.
El Tribunal Superior ordenó celebrar el juicio porque “considera que el acusado realizó tres transferencias de cantidades en el año 2010 a los denunciante, y que lo fueron en concepto de devolución de los recibido y no como intereses o rendimiento del dinero recibido en 2003. Por ello, al estimar este procede, la fecha de 2003 carece de toda relevancia a efectos prescriptivos. Por ello, para el TSJN no puede descartarse como importante para fijar el comienzo del plazo prescriptivo que se tenga en cuenta la fecha del 9 de febrero de 2010, que es el día que se efectuaron las transferencias por parte del acusado a la víctima, su íntimo amigo, para que repartiera esos 12.000 euros entre sus familiares inversores. Entre todos ellos reclaman los más de 63.000 euros que le entregaron en su día.
Le grabaron en su propia casa
El policía foral víctima de los hechos, y su hermano (cada uno de ellos inviertieron 12.000 euros más los 51.000 que dejaron sus padres), fueron incluso en 2015 a su propia casa a pedirle explicaciones. Lo hicieron cuando el acusado solos les daba largas de la inversión y no se asomaba por la casa. En unos audios que se han podido escuchar en la sala el acusado reconoce que el dinero en aquellos años, en 2014 y 2015, estaba bloqueado en Alemania en cuatro nichos de mercado de 30.000 euros cada uno de ellos. La familia víctima de los hechos ha manifestado que confiaron en el procesado por la amistad con su hijo y porque era una persona de plena confianza que les dijo que el negocio iba a ser complemente seguro. El acusado solo ha respondido a su defensa y ha asegurado que ya advirtió a la familia denunciante de que invertía en Bolsa y que tenía sus riesgos.
